Aunque el grupo dominante de familiares de víctimas de Cromañón es hostil a la continuidad de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay un pequeño grupo, no menos perjudicado por las consecuencias de aquella tragedia que evalúa las cosas de otra manera. Y dicen: "Señores legisladores, lo que ustedes llaman un JUICIO POLÍTICO para nosotros es un JUICIO para hacer POLÍTICA".
En una carta de prosa ambiciosa por la cantidad de oraciones subordinadas, y que le enviaron al vicepresidente primero de la legislatura Santiago de Estrada y, por su intermedio, a todos los legisladores, estos familiares continúan diciendo: "como padres de víctimas y sobrevivientes de la tragedia del 30 de Diciembre en el local República Cromagnon, queremos dejar constancia que ante las amenazas recibidas por algunos de nosotros, ya sea telefónica o verbalmente y ante la cercanía de las fechas de concurrencia del Jefe de Gobierno y los testigos, en las cuales si son audiencias públicas como la mayoría de ustedes pretenden, como justificando por medio de las presiones los votos y en las cuales nosotros nos consideramos con los mismos derechos de concurrencia que el resto de los familiares, los consideramos responsable de discriminación de nuestro grupo de padres y familiares con respecto al resto por la cantidad de personas que nos permitan entrar, como en otras oportunidades, poniéndonos límites que los demás no respetan conformando varios grupos para justificar la cantidad; asimismo los consideramos directamente responsables de nuestra integridad física, psíquica y o material por cualquier hecho que devengue en dichas sesiones públicas tras las amenazas recibidas. Este mismo planteo se le realizó al Sr. Santiago de Estrada y algunos legisladores en otras oportunidades, haciendo caso omiso a nuestro pedido".
La misiva que está firmada por Gladis Coronel, Pilar Valdez, Nancy Palma, Juan Carlos Adamini, Juan Carlos Santillán, Marta Henríquez, María Cristina Politano continúa declarándose: "en contra del juicio político y probable destitución del Jefe de Gobierno, consideramos que de esa forma no se hace justicia pero si se responde a ciertos intereses políticos, tapando así también los errores cometidos al haber tenido las herramientas en sus manos para poder mejorar la legislación en el tema de seguridad en locales bailables y o públicos antes del 30 de Diciembre del 2004 y no haberlas utilizado".
Agregan, además, que: "Nuestra posición es por considerar que de esa forma con grandes y graves errores de procedimientos se pretende violar las instituciones y la voluntad popular refrenada en dos oportunidades en las urnas".
Y dan algo que se parece a un ejemplo, al referirse a "un legislador (NdR:Gerardo Romagnoli) que fue recusado por declaraciones vertidas y autorizado por sus pares de la Sala Juzgadora a votar por sí mismo si era recusado o no, el mismo legislador que durante esa nefasta sesión puso en duda la honorabilidad y transparencia del resto de los legisladores de la Sala Juzgadora".
