El término "ingeniería financiera" es en realidad un eufemismo que esconde una serie de métodos de dudosa transparencia que utilizan las grandes empresas para corromper funcionarios y "optimizar" sus ganancias a costa del dinero de los contribuyentes.
Pero dentro de ese rubro, los que llegaron más lejos fueron los ingenieros financieros italianos, para desgracia de los contribuyentes porteños. El sistema italiano contiene a la vez una aterradora sencillez y una perfección técnica admirable. Claro que exige la complicidad de funcionarios corruptos y de una justicia lábil e influenciable a través -siempre- del dinero.
El sistema se inicia con la contratación de una obra pública por medio del sistema de explotación por un tiempo determinado -que puede ser de diez a veinte años, o aún más, depende de la magnitud de la obra-, a cobrar por medio de peajes o tarifas. Cuando la obra apenas se ha iniciado, o está a punto de iniciarse, "siempre" aparece un conflicto, que va a parar indefectiblemente a la justicia.
Una vez que el entredicho está en la justicia, comienzan las negociaciones, que "siempre" culminan de la misma manera. El contrato se reconvierte al sistema de Obra Pública, en la que el Estado abona la totalidad de la obra, incluso en ocasiones antes de que ésta haya comenzado. Posteriormente la obra se construye, pero antes de que finalice "siempre" aparece otro conflicto, que va a parar -una vez más- a la justicia.
En esta ocasión recomienzan las negociaciones, bajo la mirada atenta y vigilante de los representantes del Poder Judicial. El fino poder de convicción de los abogados de las empresas constructoras se pone en juego nuevamente en esta ocasión. Tal es así que, mágicamente, la obra vuelve a caer bajo la manera de contratación por peajes y tarifas, esto a pesar de que ya ha sido pagada por los contribuyentes y de que, por lo tanto, toda ganancia debe ir a parar a manos del Gobierno, que los representa.
Entretanto, en las negociaciones, renegociaciones, contrataciones y recontrataciones, las empresas exigen -casi siempre con la complicidad de los funcionarios- al Estado cláusulas imposibles de cumplir, tanto que a menudo el plazo de la concesión no se da por comenzado porque no son cumplimentadas. En algunas ocasiones, este tema amerita una nueva incursión por la justicia, que deriva inevitablemente en ganancias cada vez más fáciles y cada vez mayores para las empresas.
Este sistema parasitario de construir obras públicas ha generado en la Argentina -y en otros países del Tercer Mundo-una particularidad: empresas constructoras que se se afanan mucho más en la búsqueda de los mejores abogados que de los mejores ingenieros.
