Hace cinco años, la actriz Florencia Peña quedó envuelta en un escándalo cuando se filtró en las redes un video suyo teniendo relaciones sexuales con alguien. A nivel personal, el sufrimiento de quedar expuesto sin tu consentimiento es gravísimo por el costo psicológico que le pesa a la persona. En el caso de Flor Peña, además, se juega la cuestión de género, por los comentarios misóginos que tuvo y tiene que soportar por el simple hecho de tener una relación sexual libre.
5 años pasaron desde la filtración de imágenes no consentidas sobre mi intimidad.5 juicios a distintos medios incluyendo Google y Yahoo con la Incertidumbre de no saber cómo fallará la justicia.Los delitos informáticos no van a parar hasta q esos actos tengan reales consecuencias
— Florencia Peña (@Flor_de_P) January 17, 2018
La mirada de genero sobre estos delitos también es indispensable. La violencia q una mujer soporta al ser exhibida su intimidad masivamente y sin consentimiento,es atroz. Es imperioso q las leyes castiguen severamente estos delitos.
— Florencia Peña (@Flor_de_P) January 17, 2018
A cinco años de lo sucedido, la actriz publicó un tuit en donde, además, abrió del debate sobre los delitos informáticos. ¿Sos consciente de lo que publicás en Internet? ¿Quién es el responsable de los contenidos publicados que puedan ofender o dañar a alguien? ¿Sabías que todo lo que publicás con tu nombre se considera una declaración pública?
Desde el 2015 nuestro país se encuentra en debate de un proyecto de ley que establece la regulación de la responsabilidad de los intermediarios en Internet (ISP, por sus siglas en inglés) que fue presentado por Federico Pinedo (Pro) y Liliana Fellner (FPV). En noviembre de 2016, tuvo media sanción del Senado y se esperaba que se apruebe finalmente en Diputados el 24 de noviembre pasado, ya que había sido incluído en temario y contaba con orden del día. Sin embargo, esto no sucedió y la iniciativa volvió a quedar en stand by.
El proyecto de ley define a los intermediarios de Internet como aquellos que proveen una plataforma tecnológica para que otros usuarios intercambien información. Esto incluye a los proveedores de Internet (Fibertel, Arnet, Speedy, Telecentro, etc), de servicios de publicación de contenidos (Facebook, por ejemplo), proveedores de servicios de comercio electrónico (Mercado Libre) y proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos (Google).
El objeto de la ley es regular la responsabilidad de ellos, “a efectos de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho que resulte afectado”, reza el texto.
A los proveedores se los desvincula de responsabilidades, excepto que exista una orden judicial de por medio. En otro apartado, la ley también menciona la autorregulación de las plataformas: si bien se los exime del control y monitoreo de los contenidos generados por terceros, los obliga a establecer mecanismos para suspender o cancelar servicios que violen las condiciones de uso de las plataformas.
Por poner un ejemplo: Google o Cuevana, dice la ley, no serán responsables de dar acceso a un sitio que publicó contenido sin tener los derechos correspondientes (una película, un software, etcétera), pero sí deben dejar de enlazar esa página ante un pedido judicial. Lo mismo si en Mercado Libre alguien vendiera libros que son copia de originales: el sitio de compraventa es sólo un intermediario.
El gran problema no es solo que el buscador no puede estar haciendo el monitoreo y control constante de lo que se publica en su plataforma, sino que además, cuando se los obliga a hacerlo, lo automatizan porque no les rinde económicamente. Como consecuencia, se crea una inteligencia artificial, un algoritmo, que empieza a buscar determinadas palabras o fotos, como los senos femeninos. Así, se convierte en una implementación privada automática de un parámetro moral de no se sabe quién.
Preso por un tuit
El 27 de octubre pasado detuvieron a un joven de 20 años que había “amenazado” al Presidente Mauricio Macri vía Twitter. En aquél entonces, el usuario de la red social publicó: “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)”, firmando como si se tratara de la barra brava de Boca Juniors.
Nicolás Lucero llegaba a su casa de José León Suárez cuando vio en la puerta una decena de policías de civil. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejó en las redes sociales la detención de un joven y destacó la “dedicada” investigación que duró más de tres meses que “logró identificar al agresor internauta”.
Lo que no sabía Nicolás, al igual que muchos usuarios, es que para la Ley todo lo que se publica en Internet con nuestro nombre es considerado una declaración pública. Para no tener más dudas, siempre es fundamental conocer nuestros derechos.
Yo no soy ni k ni nada no me interesa la política, no puedo creer que por twitear una canción de cancha me lleven preso
— Nico ☆ (@nicolucero69) October 30, 2017