Los intendentes enrolados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentaron otro amparo ante la Justicia para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso el presidente Javier Milei con el objetivo de desregular la economía y conseguir el superávit fiscal, que entró en vigencia el viernes pasado.
La medida estuvo a cargo de los abogados de la entidad y fue presentada en la tarde de ayer ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora deberá someter a sorteo el amparo para definir qué juzgado intervendrá.
La FAM jugó con los tiempos de la Justicia: aguardó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitase la feria judicial para tratar durante el receso de enero el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), para que se dejen sin efecto las reformas al régimen laboral que fueron introducidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que dictó el Presidente.
Los camaristas María Dora González y Alejandro Sudera, que habilitaron la feria judicial, explicaron que “frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada”. Así, el tribunal analizará el pedido para suspender los efectos del DNU. Antes de eso le pidió opinión a la Fiscalía General. Tras ello, la FAM sumó su amparo.
Los intendentes -en su mayoría del peronismo- habían definido ir a la Justicia la semana pasada, tras una reunión en la sede de la FAM. “Afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales”, detallaban sobre el impacto del DNU. La decisión de la habilitar tratar el amparo de la CGT aceleró los tiempos.
En esta etapa política, la FAM asoma como un espacio de rechazo a las disposiciones del gobierno nacional. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza se mueve en bloque con más de 500 jefes comunales de distintos puntos del país, aunque con fuerte despliegue en la provincia de Buenos Aires.
“Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentaremos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos”, planteaba Espinoza días atrás, luego de una reunión de la Federación.
De ese encuentro habían participado los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Juan Manuel García (Machagai, Chaco), Javier Osuna (General Las Heras); Agustín González (Cruz Alta, Córdoba); Mario Secco (Ensenada); Julio Zamora (Tigre); Fernanda Alonso (General Pico, La Pampa); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Jorge Salomón (Milagro, La Rioja); Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz); Javier Huillipan (Mariano Moreno, Neuquén); Martín Ascúa (Paso de los Libres, Corrientes), Flor Destéfanis (Santa Rosa, Mendoza); Ernesto Andrada (Tinogasta, Catamarca); Celso Jaque (Malargüe, Mendoza); Fabián Aballay (Pocito, San Juan); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Esteban Sanzio (Baradero); Fabián Cagliardi (Berisso); Julián Álvarez (Lanús); Cecilio Zalazar (San Pedro); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Daniel Stadnik (Carlos Casares); entre otros.
“Los gobiernos locales vamos a tener que ser muy protagonistas de los tiempos que vienen”, había dicho Espinoza. Como contó Infobae, los intendentes del oficialismo centralizan en Kicillof el vínculo de gestión y demanda con el gobierno nacional. La postal de jefes comunales recorriendo Casa Rosada que llegó a ser una habitualidad de ver durante el gobierno de los Fernández y también en la gestión de Mauricio Macri, por ahora no asoma.
La acción de la FAM se suma así a otras iniciativas contra el DNU. Además de la presentación de la CGT, hay también amparos elevados por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; el que presentó el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo; el que radicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez solicitando una “acción declarativa de inconstitucionalidad”; el que presentó la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados, para declarar la nulidad del DNU que además fue replicado en distintas provincias; el amparo colectivo lo inició la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA y ATE, entre otros; la medida del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela ante la Corte Suprema, que aceptó el pedido pero lo tratará recién en el mes de febrero.
Además, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, abrió el martes la feria judicial para aceptar un pedido de amparo contra el decreto presidencial que había sido impulsado por Roberto Crespo Armengol. Algo similar había sucedido en San Juan con la presentación hecha por particulares, solo que la Jueza del Tribunal Oral Federal en los Criminal de San Juan Eliana Rattá, trasladó los expedientes presentados contra el DNU en esa provincia a la Justicia federal porteña para sumarlos a las presentaciones en curso.
Además del terreno judicial, los intendentes buscan que en el Congreso los diputados y senadores de la oposición logren imponerse al rechazo del DNU. Una tarea igual de compleja.