Si bien la política aún no comenzó a debatir la iniciativa de reforma judicial anunciada el pasado 1º de marzo por la Presidenta Cristina Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la justicia será la encargada de dar el puntapié inicial en el análisis del proyecto que, entre otros puntos, propone modificar el sistema de designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La judicialización del proyecto político fue impulsada por el abogado y diputado bonaerense Mauricio D’ Alessandro quien, este jueves 7 de marzo presentó una acción declarativa de certeza ante la justicia federal para que analice la legalidad de la propuesta kirchnerista para la “democratización de la Justicia”.
El diputado que integra el bloque denarvaísta en la legislatura bonaerense considera en el escrito que en las modificaciones que desde el kirchnerismo se buscan generar en el Poder Judicial “hay una amenaza ilegal, arbitraria, ilegal e inminente” a lo establecido en la Constitución Nacional.
“El artículo 114 de la Constitución es claro. El Consejo de la Magistratura tiene que tener equilibrio entre la representación popular y los representantes académicos”, remarcó D’Alessandro en la presentación judicial. “Se desprende de la promoción por parte del Ejecutivo de una ley que es claramente inconstitucional a poco que se la mire”, subrayó.
La primera acción judicial contra la denominada “Democratización de la Justicia” recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 a cargo de Rita Ailan (jueza que tuvo a su cargo, entre otras causas relevantes, el recurso presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de retirar la custodia de la Policía Federal del Subte, y que fue resuelto a favor del Gobierno Nacional).
La jueza Ailan, en oportunidad del amparo por el retiro de la Federal del subte, consideró que existen decisiones políticas que no son judicializables (aunque si lo son las consecuencias que de ellas deriven).
Más allá de la posición que adopte la magistrada en torno a la constitucionalidad o no de un proyecto que aún no es ley ni tiene jerarquía normativa aún, la presentación judicial de D’Alessandro se funda en que “la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus”.
La acción abre el juego para escuchar la voz de la justicia en un tema caro a sus intereses.