No hay nada peor para un gobierno que empeorar un problema delicado cuando la función que le exige la gente es solucionarlo. Esto fue lo que le pasó a la administración de Mauricio Macri en el caso del desalojo del barrio Papa Francisco. Al problema de la crisis habitacional, de los que no tienen techo y al reclamo de seguridad de los vecinos de la zona, se le sumó, luego del conflictivo operativo de desalojo que se llevó a cabo el sábado 23, una virulenta interna entre Nación y Ciudad y una serie de cruces entre funcionarios porteños y judiciales que no hicieron más que agravar la situación. Porque el problema habitacional de los que vivían en el barrio se agudizó, ya que parte de ellos se encuentran instalados en un acampe cercano a lo que era el barrio; la inseguridad no se solucionó, como lo demuestra el tiroteo ocurrido el sábado pasado en Lugano, y a eso se le sumaron denuncias por la presunta venta de terrenos en la villa a cargo de punteros políticos, y sobre el accionar represivo de los efectivos de la Policía Metropolitana durante el desalojo. En este último caso se trató de una denuncia judicial que presentaron los legisladores kirchneristas Juan Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra contra el accionar de la policía local.
Este cuadro de situación parece agravarse con el correr de los días, tal cual lo anunció Noticias Urbanas en la nota de tapa del número pasado, que se tituló “La génesis de un nuevo conflicto”. Y este título no fue producto de la premonición sino de información concreta de la realidad.
A más de diez días del desalojo, la situación parece estar muy lejos de solucionarse y los cruces de acusaciones por lo sucedido entre los K y los Pro crecen al mismo ritmo que los cruces entre los funcionarios de Nación y Ciudad con los integrantes del poder judicial. Noticias Urbanas dialogó con Cristian Ibarra (ver recuadro), uno de los delegados del barrio Papa Francisco que estuvo reunido el último lunes por la tarde en la Legislatura porteña con los legisladores que integran la Comisión de Vivienda, sin llegar a ninguna solución sobre el tema habitacional y la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Ibarra anunció que continuarían con el acampe en el bulevar cercano al vallado que cerca lo que fue el barrio Papa Francisco hasta que no les den una solución, ya que su reclamo es acceder a una vivienda en la zona.
De esta manera, la situación se presenta muy difícil de resolver porque, por lo menos, se necesitan 18 meses para acondicionar el terreno que había sido tomado, debido a que allí funcionó por años un cementerio de autos y se encuentra altamente contaminado. Recién allí se podría comenzar a construir viviendas. En esa cuestión también difieren los pobladores desalojados y los funcionarios macristas, ya que para los primeros se necesitan más de 2.200 viviendas para ser habitable tanto la Villa 20 de Lugano como el barrio Papa Francisco, mientras que los proyectos que impulsan los diputados de Pro en la Comisión de Vivienda hablan de la construcción de unas 500 casas.
Ese no fue el único desencuentro de la semana por el tema del desalojo. También se volvió a vivir un nuevo round de la pelea entre Nación y Ciudad que esta vez tuvo como protagonistas principales al secretario de Seguridad kirchnerista, Sergio Berni, y al ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, Guillermo Montenegro. Sin dejar de lado los dichos del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, quien en la habitual conferencia de prensa de los lunes aseguró que “el conflicto de Lugano debe resolverlo la Ciudad”, despegando de cualquier responsabilidad en el tema al Poder Ejecutivo Nacional. “Las dificultades que han existido en el asentamiento Papa Francisco tienen como única responsable a la Ciudad, que debe generar las condiciones para la construcción de viviendas respecto a la demanda que expresan las familias que carecen de estas.”
Dentro de esa misma línea, pero con mayor dureza, se expresó Berni, quien dijo que el desalojo terminó mal porque tanto “los funcionarios porteños como los judiciales no estuvieron en el lugar” en el momento del allanamiento y posterior desalojo, y que luego, para justificar el fracaso de todo lo hecho, se dedicaron a expresar una “andanada de mentiras”. El secretario de Seguridad fue más allá y hasta llegó a decir que tiene testimonios de “los violentos” que habitan el pasillo lindero a la Villa 20, conocido como el sector “de los paraguayos”, quienes se jactaban de “tener un arreglo con la Metropolitana para que no los desalojaran”. Las palabras de Berni chocaron con las declaraciones de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, quien luego del desalojo aseguró que “haber recuperado el terreno fue un paso adelante para volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público”.
Los dichos de Vidal no solo fueron cuestionados por el secretario de Seguridad K y por los habitantes del barrio Papa Francisco, sino por el tiroteo que se produjo en la madrugada del último sábado, cuando un grupo de personas armadas disparó desde los techos de las viviendas de la villa sobre la Policía Metropolitana, en lo que se cree que fue un intento de recuperar el predio. La gravedad insólita del hecho dejó a las claras que existen grupos de delincuentes muy bien organizados con una gran capacidad de maniobra. Vidal detalló el tenor de lo sucedido y se quejó: “El enfrentamiento duró alrededor de una hora. La Policía Federal llegó cuando estaba todo terminado. La Gendarmería no estuvo. Se pidió auxilio y no se presentaron. Eran 100 personas. No todas tenían armas de fuego. Algunas tenían bombas molotov, otras tenían piedras. Disparaban incluso desde los techos de la villa. Era un tiro al blanco a los policías. De milagro no tenemos un policía muerto. Tenemos tres policías heridos de bala. Eran adultos que tomaban posiciones para tomar el lugar”, subrayó la funcionaria. Lo ocurrido también le sirvió para pegarle a Berni por negarle la ayuda de la Federal. “Berni puede pasearse por los medios, ir en helicóptero, vestirse de Rambo, pero acá lo que importan son los hechos, la capacidad para resolver el problema. Lo ocurrido muestra la mala política, el avance del narcotráfico, que está presente en varias villas de la Ciudad. Es un delito federal, y ya llevamos muchos años negando que sea un problema, sin que el Gobierno nacional haya avanzado realmente”, dijo. Un investigador policial de la Federal que dialogó con Noticias Urbanas señaló que la situación de las bandas criminales en la zona no se modificó con el desalojo, sino que, por el contrario, siguieron manteniendo sus negocios. “Con el desalojo no se arregla nada, se tienen que poner de acuerdo entre la Federal y la Metropolitana para hacer un trabajo fino que separe el trigo de la paja, porque en las villas la mayoría de las personas son trabajadoras y unos pocos delinquen. Pero para eso hay que sentarse en la misma mesa y laburar sin chicanas de por medio”, explicó el policía consultado.
El último cruce, por ahora, entre Berni y los funcionarios porteños se produjo el martes por la mañana, cuando el secretario de Seguridad se enfrentó por los medios con Montenegro por el pedido de seguridad para la escuela técnica Ingeniero Delpini de Villa Lugano, que estuvo dos semanas cerrada tras el crimen de Melina López. Los damnificados exigieron que se acabe la pelea entre Ciudad y Nación y que den una solución en conjunto. Al tomar estado público la situación, Berni se comprometió a brindar seguridad sin desaprovechar la ocasión para decir que durante el desalojo no se detuvo a ningún narcotraficante. Rápidamente, Montenegro salió a cruzarlo acusándolo de “ser un especialista en echarles la culpa a los otros”.
Como si el Pro tuviera pocos problemas con el tema del desalojo, se agregó la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, para que antes de diciembre del año que viene el Gobierno de la Ciudad urbanice la Villa 20 de Lugano. Además de exhortar a la administración Pro a “extremar los medios necesarios para paliar la situación de calle de las personas desalojadas del barrio Papa Francisco”. Notificada de la noticia, Vidal dijo que apelarán el fallo argumentando que “en la villa viven 9 mil familias, incluyendo a las que fueron desalojadas de la toma y, por eso, no es viable darles los servicios, hacer loteos y escrituras y completar la urbanización de toda la villa en apenas un año y medio”.
Liberatori tampoco perdió el tiempo y, enterada de los dichos de Vidal de que apelarían su decisión, salió públicamente a rebatir los argumentos del macrismo. “La imposibilidad es una palabra relativa. Imposibilidad ¿en qué sentido? Si uno piensa las técnicas constructivas modernas, hay un plazo suficiente. Si la imposibilidad fuera objetiva, lo que cabría decirles a los funcionarios es por qué no tomaron el desafío de cambiar la ley. Yo no dispuse la urbanización. Esto lo hizo una ley de hace diez años. Había tiempo para advertir las imposibilidades. Lo que veo imposible es crear la vocación en el otro, el compromiso en el otro o la voluntad política en el otro”, señaló la magistrada.
El conflicto entre la Justicia y el Gobierno porteño no es nuevo. Lo nuevo es su crecimiento. La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, María Gabriela López Iñíguez, que ordenó el desalojo, a los tres días emitió un comunicado en el que dijo que la Metropolitana no había acatado las órdenes que le había dado, cuestionando su accionar en el operativo. Vidal respondió que “la inacción judicial permitió la continuidad del conflicto porque la Justicia no avanzó pese a las denuncias que realizó el Gobierno porteño sobre personas que les vendían tierras a habitantes del predio”.
El juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional de Faltas, Marcelo Vázquez, que intervino en el tema de la toma, dos días después de la ocupación del predio –hecho ocurrido el 24 de febrero– por un recurso presentado para desalojarlo, dialogó con Noticias Urbanas y repartió culpas entre la Federal y la Metropolitana al decir que desde el 19 de marzo hay una orden emitida por la Cámara para que se desaloje el predio. “Al escuchar las críticas de Berni y de Vidal se nota que es mucho más fácil echarles la culpa a los demás en vez de resolver el problema. Porque quienes sufren el problema no son los jueces sino los vecinos, mientras Nación y Ciudad se pelean por quién tiene que intervenir cuando está claro que la responsabilidad es conjunta. Si un juez les ordena a la Federal y a la Metropolitana que intervengan lo deben hacer porque su obligación emana de la Ley Cafiero y de los códigos procesales locales y federales. La ley es muy clara. Es inentendible que en la Ciudad estén la Federal, la Metropolitana y la Gendarmería y ninguna de las tres pueda asegurar la seguridad de los vecinos”, manifestó Vázquez.
Quizá para entender el trasfondo de la pelea mediática entre la Nación, la Ciudad y la Justicia valgan las palabras que un fiscal porteño susurró a Noticias Urbanas: “La clave para entender el grado de virulencia en los cruces de declaraciones entre los funcionarios de la Justicia, de Ciudad y de Nación se encuentra en el resultado desastroso que tuvo el operativo de desalojo. Porque terminó creando un problema mayor al ya existente. No solucionó el problema habitacional de los habitantes del barrio Papa Francisco, no terminó con el problema de la inseguridad y las bandas de narcos en la zona, y a eso se sumó la violencia policial y las imágenes de las topadoras derrumbando las casas con las cosas de los vecinos en su interior. Por eso, todos salieron a despegarse de lo sucedido y a echarse culpas entre ellos, cuando antes del desalojo tanto la Justicia como Ciudad y Nación coincidían en que se debía desocupar el barrio y se culpaban los unos a los otros por no actuar en consecuencia”, deslizó el fiscal.
La complejidad de los problemas se agiganta día tras día, y con el correr de las semanas se van involucrando nuevos protagonistas que, lejos de solucionar el tema, lo acrecienten de una manera escandalosa. Y con situaciones de inusitada violencia como telón de fondo, que no hacen más que agravar la situación.