La cuenta regresiva ya comenzó para el Gobierno, ante la inminencia del choque de poderes que planea proponer en el Congreso de la Nación. El próximo jueves 27 de junio está prevista la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el paquete fiscal.
Después de seis meses de negociaciones y de varios traspiés, el presidente Javier Milei intentará que ambos proyectos sean aprobados por el Poder Legislativo. Cabe destacar que, desde el inicio de su gestión, el libertario no pudo sancionar sus principales proyectos legislativos, de los cuales sólo se encuentra en vigencia el decreto 70/23, por el que desreguló la economía, que rige desde el 29 de diciembre del 2023.
En tanto, el oficialismo se puso en marcha y -sin perder el tiempo– comenzó el diálogo con los jefes de los bloques de la Cámara baja. El jueves pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y con os integrantes de los bloques dialoguistas, proclives a colaborar con el Gobierno nacional.
Los planteos del oficialismo
El principal negociador de la Casa Rosada -el propio Francos- adelantó que insistirán en que se incluyan nuevamente los cambios que realizó el Senado con respecto al Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, que se encuentran en el paquete fiscal.
Incluso, el propio Menem expuso que “tenemos que respetar las convicciones que tuvimos como cámara de origen” y agregó que las dos iniciativas representan “la reforma más importante de la historia, por escándalo” porque “toca todos los temas”.
Los cambios del Senado que generan polémica
La estrategia de LLA será la de no aceptar los cambios que realizaron los senadores e intentarán ir por las versiones originales que sancionaron los diputados. Aunque hay legisladores nacionales que, si bien ayudaron al Gobierno a aprobar la Ley Ómnibus y las medidas fiscales, ahora se posicionan en contra de lo que se negoció en la Cámara alta con los gobernadores, como el caso del santafesino Luciano Laspina (Pro).
En este sentido, el diputado manifestó su descontento hacia las modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) porque sólo resultará aplicable a los siguientes sectores que cumplan con los requisitos previstos en la normativa: agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.
Laspina aseguró que esa medida beneficiará a Tierra del Fuego y que implicará una discriminación hacia las demás provincias. “Un daño enorme al espíritu de una ley general de protección de inversiones para todos los que quieran invertir en el país”, escribió en su cuenta X.
Desde el bloque Unión por la Patria (UP), la movida será la de rechazar todas las jugadas que intente hacer el Gobierno para restablecer el proyecto original, no sólo en Ganancias y Bienes Personales, sino también en cuanto a las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de Correo Argentino, entre otras entidades nacionales que fueron excluidas del proyecto en el Senado.
Consultada por Radio 10, la diputada Carolina Gaillard (UP) argumentó que “la Cámara de Diputados no debería tratar lo que el Senado rechazó” y que todavía no tuvo acceso al texto que salió de la cámara alta para comenzar a analizarlo. Agregó que desde su espacio sospechan que el oficialismo intentará dictaminar la próxima semana e ir por la reincorporación de los temas que se quitaron.
En relación a la Unión Cívica Radical (UCR), hay muchos pases de facturas porque el libertario trató a la oposición de “degenerados fiscales”, luego de haberse aprobado la nueva fórmula previsional en la Cámara de Diputados. Todo indicaría que al momento de la votación habrá sorpresas para el oficialismo y el número de radicales que rechace el proyecto será mayor que en la primera ocasión en que se debatió la norma en el recinto.
¿Cuál es el panorama en Diputados?
Las herramientas con las que cuentan los legisladores nacionales para tratar los proyectos son varias. La primera es sancionar las dos iniciativas tal como salieron del Senado.
La segunda es insistir con los textos originales que aprobó Diputados, pero para ello deberán alcanzar la mayoría simple -la misma que consiguió la cámara alta al momento de la votación- para lograrlo. Es decir, debería conseguir que la voten la mitad más uno de los diputados presentes.
La tercera es que se acepten algunas modificaciones y se rechacen otras, ya que es una facultad que posee la cámara de origen (Artículo 81 de la Constitución Nacional) y, por último, todo puede quedar en manos del Presidente de la Nación, que tiene la potestad de vetar -de forma parcial o total- las leyes que se aprueben en el Poder Legislativo o promulgarlas tal como están, si es que queda satisfecho con el resultado final.
Todo dependerá de qué leyes salgan de la Cámara de Diputados y esa será una nueva prueba de fuego que deberá sortear Milei para ver cómo consigue su propia norma de gobernabilidad. A seis meses de las presentaciones de ambos proyectos, todavía no hay resultados concretos a la vista dentro del Palacio Legislativo, pero la hora de la verdad se acerca rápidamente.
