Este jueves se cumplió el primer aniversario del incendio de Iron Mountain. José Campos, padre de uno de los bomberos fallecidos en el incendio de Barracas, habló con radio América y recordó a su hijo, a un año de la tragedia: “Es una mezcla rara de orgullo, honor y dolor”.
Pese a de los pedidos por parte de los familiares de las víctimas “el fiscal no nos ha citado ni notificado en ningún momento”, contó Campos.
“Nos enteramos por los medios que la fiscal creía que el incendio fue accidental”, recuerda, pero “no comparto, la experiencia me dice que no fue así. Para mí fue totalmente intencional, la intencionalidad de que no se vean algunas cosas”.
Increíblemente, solo un funcionario se comunicó con las familias de los bomberos fallecidos: “Guillermo Montenegro fue el único funcionario del gobierno que se acercó. A los demás los tenés que ir a buscar y la verdad es que yo no tengo ganas de buscar a nadie”.
Emocionado, pidió recordar a Sebastián como “un gran bombero”.
Familiares y amigos de las víctimas, funcionarios, legisladores y representantes de todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país con sus autobombas, se reunieron este jueves por la mañana en Jovellanos y Azara, donde estaba el depósito siniestrado, para reivindicar la labor de los bomberos en la figura de esos diez servidores fallecidos, quienes fueron elevados a la categoría de héroes.
Las voces de la política
El legislador porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) afirmó: “El resumen es malo: sin avances en la causa y con menos controles del Estado. Si se hubiera formado una comisión investigadora independiente, como propuse mediante un proyecto de ley, seguro se hubiera avanzado más. Tampoco se sabe qué hizo la Metropolitana con los 4 millones de pesos que recibió en junio pasado para ‘peritajes de archivos’ de IM. Y en vez de reforzar los controles públicos, Mauricio Macri intentó vaciar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo, persigue a sus delegados y disolvió la tarea de los profesionales verificadores de obras. Para evitar más siniestros y derrumbes hay que revertir esa nefasta política de no control”.
El ingeniero Edgardo Castro, inspector del Trabajo porteño, explicó por su parte que “en 2008 pedí la clausura del depósito de Barracas por ‘riesgo de incendio’, pero el subsecretario de Trabajo Ezequiel Sabor se negó. Hace un año junto al diputado Bodart pedí clausurar el depósito de IM en La Boca por irregularidades graves y también se negaron. Y como denunciante pedí ver las actuaciones, pero me las niegan. Es evidente que el gobierno macrista oculta información para proteger a la empresa”.
Por su parte, el legislador Gabriel Fuks requirió al jefe de Gobierno -mediante una carta presentada en su despacho-, que se de cumplimiento al Pedido de Informes que la Legislatura porteña solicitó hace ya casi un año. El pedido aprobado requería que “en el término de 30 días se remitiera a esta Legislatura una copia certificada de documentación precisa y de carácter pública, como asimismo informes concretos sobre la cuestión”.