Mediante un recurso de amparo y una denuncia penal contra Fernando De la Rúa y las autoridades de Lotería Nacional, la diputada Nacional, Alicia Castro cuestionó las actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la instalación de máquinas de resolución inmediata, más conocidas como tragamonedas, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la denuncia penal presentada la semana pasada, Castro, consideró que "la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y su consecuente implementación por medio de la Lotería Nacional implica la violación de los artículos 129 de la Constitución Nacional, 50, 104 inc. 1 y 9 inc. 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Ley de Juegos de Apuestas nro. 538/2000 sancionada por La Legislatura porteña".
La acción de amparo, fue radicada en el juzgado en lo contencioso administrativo número nueve, a cargo de la magistrada Emilia Martha García. Castro sostuvo en este recurso que, estas decisiones del Ejecutivo nacional "lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional".
El recurso de amparo de Castro no fue el primero, también el abogado Ricardo Monner Sans, el procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López, y la defensora del pueblo porteño, Alicia Oliveira, iniciaron acciones judiciales por este tema. El argumento principal que esgrimieron es que el Poder Ejecutivo Nacional violó la jurisdicción que tiene la Ciudad respecto a la regulación de los juegos de azar. Sin embargo, sus presentaciones fueron rechazadas en primera instancia y se encuentran apeladas.
Entretanto el legislador porteño del bloque unipersonal Accion Democrata, Atilio Alimena, tambien presentó un recurso de este estilo que fue tambien rechazado, pero Alimena aceptó la decisión del juez para no trabar la causa y que la justicia dictamine sobre la cuestion de fondo, es decir, sobre la validez del decreto de De La Rúa.
La Legislatura de la Ciudad también se declaró en contra de la colocación de las máquinas electrónicas de resolución inmediata el 17 de mayo pasado. También, en Perú 130, está en discusión un proyecto de ley presentado por los diputados Fernando Caeiro (Alianza), Atilio Alimena y Marta Talotti (ambos de Acción por la República) para modificar la ley 538 de Juegos de Apuesta de la Ciudad e incluir un inciso que prohiba la instalación de estas máquinas.
Quienes asesoran a Castro aseguran que las máquinas tragamonedas, cuyo valor rondaría los $40 millones, habrían sido traídas al país en febrero pasado, tres meses antes de que Fernando de la Rúa firmara el decreto que autoriza su colocación en el país, y que"las máquinas estuvieron escondidas en el Bingo Lavalle y luego habrían sido trasladadas a un depósito en la ciudad de Buenos Aires", mientras se entrenan a los empleados de Lotería para que aprendan su manejo. Esa práctica la estarían realizando en bingos de la provincia de Buenos Aires del mismo propietario de las salas porteño.
Castro recuerda, que el presidente se opuso en su momento a la instalación de todo casino en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que incluso cuando era jefe porteño intentó clausurar el Casino Flotante.
