La defensora del Pueblo Alicia Pierini hizo un llamado a "aunar esfuerzos entre todas las instituciones, ya sean estas de la Ciudad Autónoma como nacionales y del Poder Judicial, que permita atender los temas ya advertidos y denunciados antes que se produzcan las tragedias. La otra opción es seguir pasándole la pelota de unos a los otros, sin que nadie logre avanzar sobre el fondo de la problemática", sentenció Pierini.
La ombudsman porteña se refería concretamente a la denuncia penal presentada en setiembre de 2005 que había realizado el organismo que ella conduce acerca de las condiciones de esclavitud en el que se desarrollan las actividades de costura y afines a la que son sometidos los trabajadores, casi todos inmigrantes, que tomaron estado público a raíz de la tragedia del jueves pasado el barrio de Flores en la que fallecieron seis personas de origen boliviano, cuatro de ellas menores.
La Defensoría del Pueblo -vale recordar- ya había advertido al Ejecutivo porteño la situación de los locales bailables como República de Cromañón.
En este caso el organismo de control había hecho suya la denuncia del señor Gustavo Vera en la que describía que "en los barrios del sudoeste de la Capital (desde Flores a Liniers) existe una gran cantidad de talleres clandestinos donde los dueños se llevan fortunas mientras cientos de trabajadores son salvajemente explotados como si fueran esclavos y no se les reconoce ningún derecho laboral. Y no nos referimos aquí a los pequeños talleres familiares que cuentan con una o dos máquinas y apenas obtienen ingresos de subsistencia, sino a talleres medianos y grandes con diez empleados como mínimo y maquinaria de última generación que producen diariamente volúmenes considerables de prendas para fabricantes. En la zona relevada que abarca Eva Perón, San Pedrito, Directorio y Lacarra hay aproximadamente 40 talleres clandestinos, a un promedio de uno o dos por manzana y la mayoría trabaja para fabricantes coreanos, argentinos, bolivianos o judíos instalados en comercios sobre la calle Avellaneda. Una simple recorrida por la zona comercial de esa avenida nos permitirá encontrar carteles que dicen ‘Se necesita tallerista’, eufemismo para establecer el contacto con el fabricante".
El denunciante manifiestaba también que "en este tipo de talleres los dueños no pagan aguinaldo, jubilación, obra social, escolaridad, vacaciones, ni indemnizaciones y obligan a sus obreros a trabajar con prácticas esclavistas similares a la de los inicios del capitalismo".
Al ratificar su denuncia Vera- lo hizo junto a otras dos personas- también involucró a personas de la institución policial de la Comisaría de la zona y a sindicalistas "Cuando hay quejas de los empleados, se los amenaza con la policía. Se les dice que no tienen ningún derecho en la Argentina, que nadie hará nada por ellos y que si molestan el propio dueño llamará a la policía. Agentes de policía pasan mensualmente por estos talleres a cobrar ‘peaje’ que oscila según diversos testimonios en cuotas de $ 500 a $ 1000 pesos. También suele haber porcentajes o cuotas aparte para miembros del sindicato de obreros del vestido, aunque esto suele ser más esporádicamente. La mayoría de las coimas se las lleva la comisaría. Es frecuente también que cuando llegan inspectores, la mayoría de los empleados sea escondida y se aduzca que son familiares. Cabe señalar que la fachada externa de estos talleres es una casa común, aparentemente familiar".
En aquélla ocasión Pierini pidió que se aplique a los denunciantes y víctimas de estos delitos las medidas de protección contempladas en los arts. 6, 7, 8 y 9 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por ley 25.632.
