La diputada porteña Alicia Pierini (PJ) denunció un nuevo hecho en la causa que se les sigue a los ex titulares del Consejo de la Magistratura y a sus ex directores de Ejecución Presupuestaria por presunta administración fraudulenta en la compra y reacondicionamiento de edificios para ese organismo judicial. Se trata de la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y material de los instrumentos agregados por los imputados como tasaciones efectuadas por el Banco Nación en algunas de las compras directas que realizaron.
Los comprobantes de las tasaciones que habría efectuado esa entidad bancaria estaban firmadas por los señores Carlos Chiappe y Valentín Barchielli, pero sucede que, según el Banco Nación, "no figura en los registros de esta Área de Personal que alguien con los nombres de Valentín Barchielli y Carlos Chiappe hubieren tenido relación jurídica – laboral con la institución".
Esta información fue remitida por nota a la diputada Pierini por el Banco Nación como respuesta a las sospechas que la misma tenía acerca de la autenticidad de los comprobantes que, además, presentaban diferentes membretes y ausencia de sellos certificantes, además de no constar en ninguna parte la referencia de origen que hubiera dado lugar a la formación de un expediente interno del banco para efectuar una tasación oficial.
La nota del Banco Nación es contundente: "se comunica que en Tasaciones Agronómicas, Comerciales o Urbanas no se registran peritos con esos apellidos, ni tampoco como peritos ‘de nómina’. La respuesta está firmada por el jefe de División José Luis Esperante y por la segunda jefe Elena Carmen Medina. Según Pierini, es clara la diferencia entre los membretes, firmas y sellos existentes en la simple nota de respuesta de las referencias que figuran en los instrumentos que los imputados presentaron como prueba y que involucran al banco oficial.
"Si la información que adjunto con la presente certificara que, efectivamente, ni Barchielli ni Chiappe son ni han sido tasadores del Banco de la Nación, los expedientes ‘reconstruidos’ (por los imputados para justificar sus compras) no serían más que un simple ardid para encubrir la ilegalidad de las adquisiciones", concluyó Pierini.
