En la Ciudad de Buenos Aires hay leyes que regulan casi todas las actividades que desarrollan los porteños, pero existe un negro hueco jurídico en el área de la salud: no se ha dictado aún una norma que regule el acceso del público a los medicamentos; tampoco hay planes de entrega de remedios a los sectores menos favorecidos ni, mucho menos, una ley que sirva de marco jurídico al funcionamiento y a la actividad de los expendedores de esos bienes fundamentales para la salud, es decir las farmacias.
Ante esta ausencia normativa, de acuerdo con la Ley Cafiero, que está parcialmente en vigencia, el Estado porteño debería adherir a las leyes nacionales que regulan la actividad de expendio de especialidades medicinales, que son, en el caso de las farmacias, la Ley 17.565/67 y su modificatoria, la Ley 26.567/09.
En el artículo 1 de la primera de esas normas queda establecido que los medicamentos solo pueden ser comercializados en las farmacias, agregando que ?su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal?.
El 17 de noviembre último, la Legislatura porteña intentó cubrir ese vacío legal aprobando la Ley 4.015, por la cual se proponía la adhesión de la jurisdicción a la Ley nacional 17.565.
Pero el efecto no fue el esperado. El Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó la ley por medio del Decreto 670/11, dejando abierta de esta manera la posibilidad para que los comercios que no cuentan ni con el asesoramiento ni con la idoneidad profesional, como kioscos y supermercados, estén en condiciones de comercializar las especialidades medicinales de venta libre, tal como se viene haciendo hasta ahora.
El Jefe de Gobierno adujo en uno de los fundamentos del decreto que ?el proyecto de ley en análisis, excediendo criterios de razonabilidad, limita el acceso de la población a los medicamentos ?en este caso, los de venta libre? en condiciones de equidad, igualdad y libre elección, afectando tanto las garantías constitucionales relativas al derecho a la salud como los derechos de consumidores y usuarios consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?.
Aun así, en otro de sus puntos, el Jefe de Gobierno reconoce la conveniencia de ?que la Ciudad cuente con un régimen jurídico propio en materia de comercialización de medicamentos, lo que permitiría no solo ajustar las prescripciones legales a las circunstancias y características propias de la Ciudad de Buenos Aires, sino también distinguir diferentes situaciones fácticas, asignándoles ?razonablemente? distintas consecuencias jurídicas?.
Esto es una evidente contradicción, porque ante cualquier vacío producido por la inexistencia de una norma jurídica propia de la Ciudad en cualquier materia, la Ley Cafiero obliga al distrito a aplicar las normativas federales, como ocurre con la Ley Electoral, entre otras.
El abogado Horacio Goett, especialista en políticas públicas, aseguró a Noticias Urbanas que ?las leyes 17.565 ?de Farmacias? y 16.463 ?de Medicamentos? son las que regulan la actividad relacionada con la fabricación y expendio de remedios en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país?.
?En 1991 ?agregó el jurista?, se desreguló la actividad por medio del Decreto 2.284, lo que generó grandes problemas en el ejercicio de la actividad farmacéutica, además de que su texto contravenía claramente las normas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la propia práctica. En este decreto ?acotó el especialista? aparecía una concepción privatizadora y neoliberal que está siempre presente tras la doctrina de la desregulación.?
?Los medicamentos son considerados ?cosas peligrosas? en el Código Penal, tomando todo el proceso que va desde su elaboración hasta la venta. Por esa razón, la actividad está regulada por el Estado, que ejerce una vigilancia especial sobre la industria en salvaguarda de la salud de la población. De esta manera asegura el bien social y además así legitima la pureza y la seguridad del medicamento?, continuó Goett.
El abogado aseguró que ?mientras estuvo vigente la desregulación era común ver en las tapas de los diarios noticias relacionadas con la falsificación de medicamentos, con todo el perjuicio que eso acarreó a miles de personas. Fue por esto que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y el Ministerio de Salud de la Nación debieron desarrollar, junto con el Ministerio Público Fiscal, el Programa de Pesquisas de Medicamentos Adulterados?.
Analizando las causas que motivaron que se llegara a esta situación de cotidiana ilegalidad, Goett explicó que ?los delitos se produjeron porque los medicamentos salieron de su ámbito natural, por lo que era posible adulterarlos y hasta vulnerar cosas básicas, como romper las cadenas de frío. Así, los kioscos vendían hasta Buscapina y antibióticos, generando confusión en los consumidores y hasta incitando a la automedicación. Esta situación es la que vino a modificar la sanción de la Ley 26.567 que dictó el Congreso en 2009?.
La jurisprudencia se opone a Macri
Existen dos fallos que avalan la jurisdicción federal en el ámbito de la legislación sobre la provisión de especialidades medicinales en todo el país.
?El primero ?explica Goett? fue emitido por la Corte Suprema en un tema referido a la Diócesis de San Martín. Estaba en juego la interpretación sobre la vigencia de la Ley 17.565 en la provincia de Buenos Aires. La Corte falló que una ley provincial no puede contradecir a una ley federal, por lo que las provincias deben respetar el principio de primacía federal.?
?El segundo fallo ?agrega el profesional? fue del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y fue contrario a un planteo de la Unión de Kiosqueros, que exigían que se les permitiera la venta de medicamentos en sus comercios. El TSJ laudó que no se puede contradecir a una ley nacional, aun en el caso de Buenos Aires, que no tiene una ley propia, por eso consideró que no hay ley con la cual comparar, por lo que sería un absurdo jurídico hacerlo.?
De todos modos, Goett sostiene que ?el Jefe de Gobierno porteño no puede decirle a la autoridad de aplicación de la Ley 17.565, que es una norma nacional, es decir, al Ministerio de Salud de la Nación, que aplique parcialmente esa norma. Sería un sinsentido jurídico?.
El experto advierte que ?Mauricio Macri vetó la adhesión de la Ciudad a una ley nacional y dice que va a seguir desregulando, pero a la vez establece con su veto la aplicación parcial de una ley federal, cuando es cierto, por otra parte, que el Decreto 2.284, que estableció esa desregulación, fue derogado hace ya más de dos años. Eso es realmente un sinsentido jurídico?.
CARMEN POLLEDO: "HAY CUESTIONES OPINABLES"
La legisladora del Pro Carmen Polledo posee el mérito de que siempre da la cara, aunque, como en este caso, su defensa de la ley la ubique en un lugar incómodo.
?Hay que recordar ?acota? que esta es una ley que facilita el expendio de medicamentos de venta libre y, si bien hay cuestiones opinables, no es bueno cortarle el acceso a ellos a la gente que no tiene farmacias cercanas.?
?Lo que se busca mediante el veto a la Ley 4.015 es facilitar la accesibilidad de la gente a los medicamentos, así se evita la reducción de los lugares de venta, porque hay lugares de la zona sur en los que no hay cadenas farmacéuticas abiertas las 24 horas del día.?
ROCÍO SÁNCHEZ ANDÍA: "EL BLOQUE PRO VOTÓ LA LEY 26.567"
La legisladora de la Coalición Cívica trajo a la discusión el proceso parlamentario en el que la Ley 4.015 fue aprobada. ?Helio Rebot, el diputado del Pro que defendió la posición de su bloque, dijo que se oponía a la posibilidad de que se prohibiera la venta de medicamentos en las góndolas y que no estaba en contra de que se vendieran en los kioscos. Era una postura sincera, por lo menos. Nosotros planteamos que rige sobre el tema una ley nacional y que el Pro no planteó una discusión, sino un negocio de amigos?, expresó la legisladora.
?Lo más extraño es que los diputados del Pro votaron afirmativamente en 2009 la Ley 26.567, entre ellos Federico Pinedo, Gabriela Michetti y Silvia Majdalani?, añadió Sánchez Andía.
Finalmente, señaló que ?el medicamento expedido en esas condiciones no es seguro y menos aún cuando el kiosquero corta el blíster y vende una sola tableta, porque si tenía impresa la fecha de vencimiento, esta se perdió. Aclaro que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de medicamentos?, concluyó la legisladora.
RICARDO AIZCORBE: "LOS NEGOCIOS INFLUYERON EN EL VETO"
El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Aizcorbe, afirma que se cometieron varias irregularidades en la sanción del veto a la Ley 4.015, que habilitan solicitar la inconstitucionalidad ante la Justicia, algo que la institución que preside ya efectuó.
?No se cumplieron requisitos constitucionales. El veto debe ser comunicado en forma inmediata y en este caso se tardó diez días para hacerlo. El Colegio Farmacéutico de la Capital y Asofar también solicitaron la inconstitucionalidad de la medida?, planteó.
Pero el cuestionamiento del farmacéutico no termina allí. ?El decreto debería haber sido firmado por todos los ministros, pero no lo firmaron ni el ministro de Salud, Jorge Lemus, ni el de Justicia, Guillermo Montenegro. Nosotros creemos que Lemus estaba a favor de la sanción de la Ley 4.015, por lo menos así lo afirmó en agosto del año último en un congreso de COFA?, afirmó.
Mordaz, Aizcorbe asegura que ?en este caso hay una situación de negocios y de amigos que influyeron en el veto. Para empezar, Nicolás Caputo, amigo y asesor de Macri, está asociado con Pegasus, el fondo inversor de la cadena de farmacias Farmacity (que vende en góndolas remedios de venta libre). A la vez, el secretario de Medios del Gobierno porteño, Miguel de Godoy, maneja la cuenta de Farmacity por medio de su agencia MDG Comunicación?.
?Por otra parte ?continúa el presidente de COFA?, Juan Tonelli, que es pareja de Gabriela Michetti, es el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre (Capemvel), que hicieron lobby a favor del veto. Pero no se termina ahí la relación con los lobbystas. Horacio Rodríguez Larreta es muy amigo de Mario Quintana, el Chief Executive Officer (CEO) de Farmacity, tanto que hasta escribieron un libro juntos.?
Finalmente, Aizcorbe asegura que ?el veto de Macri no tiene fundamentos sanitarios, porque estos están a favor de la Ley 4.015?.
RUBÉN CAMPOS: "MACRI LE HIZO CASO AL LOBBY"
El diputado radical Rubén Campos es médico y fue uno de los autores de la ley vetada, junto a su colega Jorge Selser. ?El veto de Macri violenta los principios constitucionales de la Ciudad, porque la ley vela por la seguridad de la gente?, abre el fuego.
?Esta medida permite la venta fuera del circuito legal, en lugares que la Anmat no puede fiscalizar ni controlar, porque tampoco deja vigente el decreto que autorizaba la venta fuera de las farmacias, pero obligaba a vender y a acopiar los medicamentos en lugares similares a estas?, se enoja el legislador.
?En realidad, los remedios de venta libre llevan menores proporciones de droga y eso los vuelve menos peligrosos, pero el kiosco no los acopia en lugares adecuados y eso no puede ser siquiera fiscalizado, porque el kiosco no es competencia de nadie?, se preocupa el legislador.
Finalmente, Campos denuncia que en esta ocasión ?Macri prestó más atención al lobby de los negocios que a la salud de la gente?.
