La reducción del gasto político – y del público-político encubierto- es el tema excluyente no sólo en el plano nacional sino también en la ciudad. Mientras en el ejecutivo existe, a partir de diferencias internas, un mutismo oficial absoluto acerca de lo que recortará, en el legislativo florecen los proyectos -y también las diferencias- con todas las variantes.
Enríquez, un delarruista que ha fustigado asiduamente al gobierno de Aníbal Ibarra, se mostró partidario de interrumpir por el lapso de 180 días "las obras públicas cuya ejecución no sea imprescindible" al tiempo que agregó que "mientras existan ciudadanos con las necesidades básicas insatisfechas no podemos seguir manteniendo entes como la Corporación del Sur, que cuestan mucho dinero a los contribuyentes y que son absolutamente prescindibles en las actuales circunstancias".
Enríquez, que calificó en un comunicado la situación en la que dejó al país el ex presidente De la Rúa, como la "peor crisis económica y social de la historia argentina" finalizó diciendo que "es el deber de los legisladores predicar con el ejemplo y ser los primeros en reducir sus salarios, para luego exigir una medida similar por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad -encabezados por Aníbal Ibarra- y del Poder Judicial porteño".
