Las elecciones que se realizarán el 14 de octubre – es decir, en 25 días -, a pesar de su inmediatez, se encuentran tan lejos de los argentinos como Japón. Este clima de frialdad se percibe en las encuestas – Marita Carballo, de Gallup, relató que una encuesta detectó que hay un 20 % de votos en blanco o anulados, mientras que el ARI va apenas por delante de la Alianza -, se extiende a la campaña electoral y llega hasta a los propios candidatos, que, a pesar de sus
esfuerzos, sólo han logrado cosechar indiferencia.
Contagiados de este clima de lejanía, los diputados nacionales pospusieron el tratamiento de las tres leyes de reforma política y electoral que iban a ser el instrumento jurídico para estas elecciones y que debía tratar hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales. Dos de esas leyes duermen cómodamente en los cajones de la Comisión desde la primera semana de julio, cuando el Senado las aprobó. La otra ley se les unió la semana pasada. En una de ellas había una cláusula que fijaba la suma que el Gobierno le iba a abonar a cada partido por voto (un peso). Ante la demora, De La Rúa fijó este monto por decreto, invadiendo un terreno que le está expresamente vedado, ya que es de competencia exclusiva del Poder Legislativo. Para abonar esta cadena de desaguisados, el propio Poder Ejecutivo había lanzado – hace alrededor de dos meses – la idea de convocar a una consulta popular con respecto a esta reforma. Pues bien, el propio presidente debió retroceder en su decisión, ante el argumento esgrimido por uno de sus asesores, que le anunció que jamás el Poder Ejecutivo puede llamar a una consulta acerca de lo que debe decidir otro poder: el Poder Legislativo.
En tanto, el Ministerio de Economía – tradicionalmente remiso a abrir las puertas del tesoro – está sufriendo el acoso del ministro del Interior para que le entregue los 18 millones de pesos que les debe girar a los partidos políticos para sus gastos de campaña. Además, Mestre le exige a Cavallo que le abone al Correo Argentino una deuda de cuatro millones de pesos, ya que esta empresa es la que deberá custodiar y trasladar las urnas y, en el caso de que se negara a
hacerlo, abriría una crisis que más se asemejaría al bochorno que a cualquier otra cosa.
CAVALLO, SIEMPRE CAVALLO
La administración De La Rúa, que colecciona una larga serie de perplejidades, acaba de sumar otra. Se sabía que el ministro Cavallo es un político con juego propio, que además milita en un partido político que no es el oficialista. También supieron siempre los radicales que el acuerdo con el jefe de Acción por la República es solamente circunstancial. Lo que no esperaban, seguramente, fueron las declaraciones que virtió – con una virulencia ya habitual en él – frente a los micrófonos de la prensa. "La Alianza probablemente pierda las elecciones porque, obviamente que, como alianza, ha
demostrado no ser capaz de gobernar", espetó, en un alarde de esquizofrenia política que por largo tiempo será imposible de superar, y remató: "me fueron a buscar desesperados en marzo y ahora algunos miembros de la Alianza hacen campaña atacándome a mí, sin darse cuenta que es lo
mismo que atacar al presidente".
"Yo no soy hombre de la Alianza – se ensañó más tarde Cavallo -. Formo parte de un Gobierno de unidad nacional encabezado por miembros de la Alianza. Storani se fue, Leopoldo Moreau nunca estuvo y siempre puso palos en la rueda, Chacho se fue. Ellos son todos hombres de la Alianza y se fueron. Cuando un presidente se encuentra ante una situación difícil como ésta, los hombres que bregan por el bien del país deben ayudar al Presidente, sin importar los colores políticos".
Aníbal Ibarra,finalmente, salió al cruce del calvo ministro, intentando desesperadamente calentar el gélido clima reinante, manifestando que "mi gobierno tomó el camino correcto, nosotros no nos cavallizamos". Sonó casi como un hombre que intenta mitigar el frío con un encendedor descartable en medio de la Antártida.
