Tener la libreta sanitaria es obligatorio para todos los que trabajan dentro de la Ciudad en actividades que pueden afectar la salud del público, como la manipulación, transporte y venta de alimentos, el transporte o cuidado de personas; peluqueros, manicuros y pedicuros, masajistas, cocineros, mucamos y profesores de natación.
Con la creciente diversificación social, otros empleos y ocupaciones fueron sumándose, como los personal trainers y tatuadores. La libreta sanitaria es, en fin, un certificado de salud emitido por el Gobierno porteño, que da fe de que el portador no padece enfermedades infecciosas que pueden trasmitirse a través de la saliva, los alimentos o incluso por vía sexual (algo que da pie al chiste fácil sobre el sodero), evitando así su propagación.
La libreta se tramita en 13 de los 33 hospitales porteños: Álvarez, Argerich, Durand, Fernández, Penna, Piñero, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia, Santojanni, Tornú, Vélez Sarsfield y Zubizarreta. Pero no en cualquiera de ellos, sino en el que corresponda por el lugar de empleo ?para los trabajadores asalariados? o al propio, si se trata de autónomos o cuentapropistas.
Durante años fue un trámite bianual gratuito hecho en los mismos nosocomios con un examen clínico, análisis de sangre y orina, placa de tórax, etc. Pero desde hace tres años su expedición se enmarca en la Ley 2.183. Desde hace un año y medio, mediante el poco conocido Decreto 1.068/08, el Ministerio de Salud de la Ciudad dispuso ?la inmediata adopción de medidas que puedan paliar las dificultades de infraestructura y recursos humanos que en los hospitales del sector público se presentan actualmente, y que en parte se originan en la creciente demanda del servicio de exámenes médicos y emisión de la libreta sanitaria exigida por la Ley N° 2.183?.
La culpa es de la ley
En síntesis: el decreto responsabilizó a la ley de haber ampliado ?el universo de trabajadores que deben solicitar la emisión de la libreta sanitaria? y, considerando que la afluencia de público a los hospitales había aumentado mucho porque también ?es creciente el número de pacientes que requieren atención hospitalaria, así como la cantidad de personas que ?con graves patologías y desde distintos puntos del país? concurren a ser atendidas en los hospitales de la Ciudad?, decidió cortar por lo sano y ?propiciar la adopción de medidas? que ?permitan reducir la saturación?, particularmente en ?los turnos de laboratorio, radiología y consultorios externos?.
En concreto, ¿de qué medidas se trata? El decreto especifica la necesidad de ?liberar a los hospitales públicos de la tarea de realizar los exámenes previos a la expedición de la libreta sanitaria?, habilitando ?a los profesionales de la salud debidamente matriculados, para que lleven a cabo los exámenes médicos previstos por la ley y tengan a su cargo la expedición de un certificado de aptitud física que sirva para luego obtener dicha libreta?. Así, traspasó a terceros la obligación de determinar la buena salud de las personas a las que obliga a tener y renovar anualmente su libreta.
Desde entonces, se oye acerca de que en varios hospitales se induce y presiona a utilizar los servicios de médicos privados como alternativa a tener que dar vueltas haciendo los análisis a través de las obras sociales o, incluso, en los abarrotados hospitales del conurbano bonaerense. Y si uno quiere salir del laberinto por arriba, en otros o los mismos hospitales se consigue la libreta sanitaria previo pago de una suma de alrededor de 30 pesos.
A la hora de proceder a esta privatización apenas encubierta, el Gobierno de la Ciudad argumentó en el decreto que a la hora de enumerar ?los establecimientos que actualmente tienen a su cargo la emisión de la libreta sanitaria? la ley no fue ?taxativa?, por lo que bien pueden ?incluirse otros establecimientos a través de la reglamentación?.
Y añadió ?que resulta conveniente disponer que los exámenes, análisis e inmunizaciones previos al otorgamiento de la libreta sanitaria sean realizados por profesionales pertenecientes a los subsectores de la seguridad social o privado?.
Ahora bien, ¿conveniente para quién? Desde ya, no para quienes tienen que tramitar la libreta, que hasta hace poco hacían todo en un mismo lugar. ¿No será conveniente para los médicos (muchas veces, los mismos que atienden en el hospital por las mañanas) y laboratorios particulares?
Paradojas
Es un lugar común escuchar la queja de que los hospitales de la Ciudad atienden a los residentes del Conurbano sin ninguna prestación. ?Los estudios que pedimos se los tiene que hacer afuera por su obra social, su prepaga o por donde pueda, en algún comunitario? Incluso se lo puede hacer en un hospital de la provincia, que igual se los aceptamos?, contó a NU una enfermera del hospital Santojanni. Con lo que, por una vez, la provincia aparece cubriendo las necesidades de, por ejemplo, un muchacho que accede a su primer empleo ?y que por lo tanto carece de obra social? así viva en el Obelisco: acudir a un nosocomio bonaerense aparece como la única manera de hacerse los análisis gratis.
La situación de los trabajadores que acceden a su primer empleo fue destacada por Jorge Selser, legislador de Proyecto Sur y futuro presidente de la comisión de Salud. Traumatólogo, Selser fue el jefe del servicio de cirugía espinal del hospital Argerich. ?Es una situación compleja, y los mayores problemas son para quienes ingresan al mundo laboral y no tienen seguridad social.?
Aunque, afirma: ?nosotros creemos que el Estado no debe delegar su obligación de garantizar la salud de la población y especialmente de los trabajadores? que potencialmente pueden trasmitir enfermedades contagiosas. Selser diferencia las obras sociales del sector privado: que las primeras intervengan le parece razonable, pero del sector privado dice que ?no hay prácticamente ningún control acerca de cómo funciona la medicina y, especialmente, los laboratorios?.
?La Ciudad carece de un órgano de control. El único control lo hace la Nación y es ínfimo porque carece de medios y de personal suficiente. Por ejemplo, sobre algo tan importante como los aparatos de rayos, el único control es el que ejerce Radiofísica Sanitaria, una repartición del Ministerio de Salud de la Nación?, ejemplifica el diputado.
Selser insiste en que para Proyecto Sur la libreta sanitaria, como la escolar (ver recuadro), alude a una atribución indelegable del Estado, y que su tercerización prueba de manera flagrante que ?el Gobierno de la Ciudad no le presta la debida atención a la salud de sus habitantes?, inscribiéndose en un proceso de deterioro general de los hospitales públicos. ?No es un secreto para quienes estamos en el tema que Macri pretende dejar sólo 8 de los 33 hospitales de la Ciudad?, expresa.
?Hay un desfinanciamiento de los hospitales públicos como nunca ha habido. En muchos hay servicios cerrados, los aparatos de diagnóstico por imágenes no funcionan, las obras de refacción están paralizadas y hay un atraso tecnológico de cerca de treinta años; el presupuesto está mal distribuido y groseramente subejecutado. Es una situación de catástrofe?, describe Selser.
Y ejemplifica con el Hospital del Quemado, donde, informa, la sala de terapia intensiva está cerrada y, a pesar de un fallo judicial, el Gobierno se niega a habilitar una sala de terapia intensiva infantil. Mientras, se llama a licitación por la provisión de insumos para los hospitales, que será privatizada. ?Como se recordará, primero el Gobierno centralizó la provisión, con pésimos resultados. Y en lugar de decir ?nos equivocamos? y retroceder, redobla la apuesta y la privatizan?.
Estricteces
?¿Qué pasa si la obra social te cobra los análisis? ¿Qué pasa si el patrón te dice ?andá a hacerlo con este médico, que te cobra poco?? El sistema se empieza a pervertir, y el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar la salud de estos trabajadores y, por lo tanto, de toda la población?, cuestiona Gabriela Alegre, legisladora porteña que pasó del ibarrismo al kirchnerismo pero continúa en la comisión de Salud.
Manifiesta que tiene denuncias de que ?hay un sistema mafioso? y que en algún hospital se entregan libretas sanitarias por 30 pesos. ?Los análisis tienen que ser gratuitos. Es el Estado el que debe garantizar la salud de los trabajadores y la libreta sanitaria es una imposición del Estado, que no tiene por qué pagar el trabajador?, enfatiza.
Sin embargo, como si la Ciudad fuera un mundo ideal, casi un paraíso, el decreto sostiene que ?la gratuidad del sistema queda garantizada? porque la ley, en el anexo que reglamenta cómo debe extenderse la libreta, establece que ?en los casos en que los estudios, análisis e inmunizaciones sean realizados en los subsectores de la seguridad social y privados (es decir, a partir del mismo decreto, en todos los casos) los empleadores deben afrontar los gastos que ocasionen los mismos?.
Dicho esto, santo remedio: como si la letra prevaleciera mágicamente sobre las costumbres inveteradas, el decreto añade ¿con candidez?, ¿con cinismo? que la tercerización ?permite dar estricto cumplimiento al mandato previsto en la Constitución porteña, que garantiza el derecho a la salud integral de todos los habitantes, debiéndose asegurar a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación en forma gratuita, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad?.
¿?Estricto cumplimiento?? Debe ser una broma. Sin embargo, al cierre de esta edición, la legisladora del PRO Lidia Saya expuso: ?No existe ninguna disposición del Ministerio de Salud que indique que los estudios para la tramitación de la libreta sanitaria deban efectuarse de forma privada. Aunque, claro, puede ser que en cierta ocasión, excepcional, en algún hospital no se los haya podido hacer o se le haya pedido a la gente que los lleve?.
