"Este domingo, aprovechando el receso dominical, se intentó desalojar por la fuerza la planta textil Brukman ocupada por sus trabajadores", aseguraron representantes del Partido Obrero que se encontraban en la Avenida Jujuy al 500. Allí se encuentra esta fábrica, cuyo desalojo fue ordenado por el juez en lo Criminal N° 10 Raúl Irigoyen. En su juzgado se tramita una causa por usurpación de edificio, referida a la Brukman.
Aunque tanto los trabajadores como varios partidos de izquierda aseguraron que se produjeron escenas de violencia, la diputada Delia Bisutti (ARI), una de las legisladores presentes en el lugar, sostuvo que "según me han contado los obreros, el procedimiento se llevó adelante con normalidad, aunque por supuesto hubo una resistencia por parte de los obreros a ser desalojados, lo que hizo que el juez volviera atrás con la medida".
La textil está ocupada desde el 18 de diciembre, último día en que los dueños se presentaron en el lugar, luego de una fuerte discusión entre la plana mayor de la empresa y una comisión de delegados. En los últimos meses los empleados cobraban 5 pesos por semana y en la reunión se reclamó por el pago de los sueldos atrasados.
"Luego de dos horas de intensa lucha y apoyo popular, los trabajadores de Brukman volvimos a retomar la fábrica. Todo había empezado a las 6 de la mañana cuando cerca de 200 policías de la Federal y de civil, el grupo especial Halcón, y la Guardia de Infantería llegaron, encapuchados y fuertemente armados, en varios colectivos, carros hidrantes, celulares y 20 autos ‘de civil’ y camiones de bomberos", reza el comunicado emitido por los obreros de Brukman.
Según esta fuente "el sentido de tamaño ataque contra nosotros era hacer entrar a la patronal y los ‘carneros’ a la fábrica para continuar con su único objetivo, dejar sin trabajo a decenas de familias. Cuando vieron que los que se solidarizaban y llegaban a la fábrica con el claro objetivo de defenderla eran cada vez más tuvieron que irse. Pero antes rompieron máquinas, computadoras y se llevaron documentación de importancia (que compromete a la patronal de los Brukman en sus sucios manejos económicos y financieros antes de abandonar la planta)".
Tal cual había quedado establecido luego del intento de desalojo anterior, el 16 de marzo de este año, se inició una cadena que logró convocar en dos horas a cientos de personas, todos bajo la consigna: "Tocan a una, nos tocan a todos". Se hicieron presentes en el lugar los diputados nacionales José Roselli, Luis Zamora, Ariel Basteiro y Eduardo Macaluse; los legisladores porteños Abel Latendorf, Vilma Ripoll, Delia Bisutti y Patricio Etchegaray; las Madres de Plaza de Mayo; HIJOS; la Asociación ex Detenidos-Desaparecidos y los abogados de (CeProDH).
También brindaron su apoyo las asambleas populares de San Cristóbal, Boedo, Parque Lezama, Ayacucho y Rivadavia, Congreso, Haedo, Corrientes y Medrano, Ciudadela, Plaza Dorrego, Guemes y Oro, Defensa e Independencia, Almagro, entre otras; y se acercaron además representantes del Polo Obrero, el MTL, el MTR, la FTC, Cuba, la Coordinadora A. Verón; trabajadores de Pepsico, la UOM de Tierra del Fuego, la Unión Ferroviaria de Haedo, y varias agrupaciones de izquierda.
Al finalizar la jornada se llevó adelante un acto con más de 600 personas donde los trabajadores denunciaron "brutales atropellos a los que fuimos sometidos por la Policía cuando nos trasladaron a la Brigada de Investigaciones donde no sólo nos golpearon e insultaron sino que nos tiraron al piso sin dejarnos mover, y nos amenazaron poniéndonos un arma en la cabeza".
Por tal motivo los obreros de Brukman realizarán un escrache este martes 26 a las 9 frente a los Tribunales, donde irán a declarar los detenidos. A sy vez, las organizaciones mencionadas se comprometieron también a marchar con los trabajadores el miércoles 27, a las 14, desde la fábrica hasta la Legislatura porteña.
"Los trabajadores de Brukman venimos luchando desde hace once meses por la estatización de la fábrica bajo control obrero. En ese camino, presentamos un petitorio en la Legislatura, exigiendo la expropiación definitiva, subsidios no reintegrables y garantía estatal de salarios. Hasta hoy la única respuesta que hemos obtenido ha sido este tercer violento intento de desalojarnos, por lo que responsabilizamos a Aníbal Ibarra y a todas las autoridades por los hechos que sucedieron", concluyeron los obreros.
