En el mismo momento que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, se encontraba en la Legislatura porteña junto a dos de sus ministros, en distintos barrios porteños se realizaban inspecciones en talleres textiles. El operativo fue llevado a cabo por personal del Ministerio de Gobierno, Producción, Derechos Humanos y Sociales, AFIP, DGI, Policía Federal y Migraciones. En total se inspeccionaron 40 talleres
y 12 se clausuraron. Se contabilizó 300 trabajadores inmigrantes bolivianos, y 120 que vivían en los mismos ugares donde trabajaban.
"Esto es una verdadera organización mafiosa que los trae desde Bolivia. Muchos de ellos son de origen campesino, no hablan castellano y tienen la cultura del labrador, de trabajar de sol a sol. Ayer radicamos denuncias penales. Estos temas exceden los límites de las posibilidades de la Ciudad, tienen que manejarlos la justicia y la Policía Federal", fueron las declaraciones del ministro de Producción, Enrique Rodríguez, que se dio un plazo de tres meses para erradicar todos los talleres esclavistas sino renuncia.
Frente a la pregunta de hoy, en Radio la Red, de porque no se hicieron antes las inspecciones, el funcionario reconoció las deficiencias del propio Gobierno en el que participa. "La Ciudad no tenía una política preventiva, sólo actuaba sobre denuncias, y son muy pocos los inspectores que tenemos. Un Estado que no tiene un poder de policía eficiente es un Estado bobo", se explayó Rodríguez. Y agregó que "si uno no hizo nada antes, hay responsabilidad".
La ex directora nacional de Inspección Federal del Trabajo y quien preside actualmente la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Silvia La Ruffa, sostuvo que "la existencia de talleres clandestinos en los que no se respeta ninguno de los derechos humanos básicos es producto de la política laboral de flexibilización aplicada durante los 90".
