Luego de otra maratónica sesión y pese al rechazo de todo el arco opositor, el kirchnerismo logró imponer su mayoría en Diputados y aprobar la modificación de la ley de abastecimiento, que ya contaba con media sanción del Senado, por 130 votos a favor, contra 105 votos en contra y 5 abstenciones.
El oficialismo convirtió en ley, con el apoyo de sus aliados habituales, el paquete de tres proyectos, que incluye la creación de un observatorio de precios (136 votos a favor y 104 en contra) y de un fuero especial de defensa del consumidor (por 202 votos y 36 en contra). La votación se realizó cerca de las 2, luego de que los distintos bloques acordaran reducir la lista de oradores.
El kirchnerismo logró el quórum con el apoyo de sus aliados tradicionales, más el sindicalista Omar Plaini y Alberto Roberti (FR). Luego de que se hubiera formado el número, empezaron a ingresar al recinto los diputados de la oposición.
La discusión fue abierta por la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. “Estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores”, aseguró.
“Decirles que si acopian materias primas que son para satisfacer necesidades básicas y lo hacen con un afán de lucro desmedido para interferir en el mercado-agregó Conti, en una pista de cómo podría usarse la ley- y va el Estado y les dice, «señor, por esto usted tiene una multa y tiene que disponer la mercadería» ustedes griten que eso es inconstitucionall”, agregó Conti. De esta manera la diputada admitió que la normativa se podría utilizar para intervenir en la cosecha.
A continuación, el kirchnerista Juan Cabandié negó que se trate de una ley antiempresaria. “Hay diputados que están faltando a nuestra Constitución porque ponen en duda el rol del Estado, como si fuera un obstáculo. El Estado tiene la obligación de corregir las distorsiones del mercado”, manifestó, ante un recinto semivacío, como permaneció durante toda la jornada.
La diputada Juliana Di Tullio, jefa del bloque del Frente para la Victoria y última oradora, defendió la reforma enviada por el Ejecutivo “pensando en la capacidad del Estado para defender el bolsillo de los cuarenta millones de argentinos”. “La Presidenta ha tomado una decisión para fortalecer al Estado en herramientas. A mi no me asusta la palabra regular”, dijo.
Durante la mayor parte de su alocución se dedicó a cuestionar a la oposición, que había adelantado que no apoyaría la reforma de la ley de abastecimiento: “Está muy bien que la oposición vote en contra, cada uno tiene que estar en su lugar. Quedó plasmado en estas horas el concepto de posición dominante. La oposición hace muy bien en quedarse en el lugar que eligió. Se opusieron desde el primer instante, sin sonrojarse. Seguimos sin creerle nada a la oposición”, expresó.
Y en la misma línea agregó: “Escuché con perplejidad cómo nos recitaron en estas horas el decálogo del manual del liberalismo para bajar la inflación. (Dicen) que no usamos la palabra inflación. Esa palabra que a ustedes les preocupa que no digamos, a ustedes no les importó y se fueron con una inflación del 200 por ciento”, dijo a los diputados radicales.
La ley de abastecimiento es una norma sancionada en 1974 que habilita al Estado a intervenir en la formación de precios y en las cadenas de valor para evitar abusos de parte de empresas con posición dominante en el mercado. Los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo acotan las facultades de intervención del Estado y eliminan las penas de prisión, previstas en la redacción actual de la ley, escasamente aplicada. Pero pusieron en pie de guerra a las grandes empresas, porque evidencian que el Gobierno planea usarla más seguido, como herramienta para fortalecer el programa ‘Precios Cuidados’ y combatir la inflación.
Los puntos clave de la nueva ley
Superpoderes: El proyecto de ley de abastecimiento permitirá al Poder Ejecutivo establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, podrá aplicar sanciones a quienes remarquen “artificial o injustificadamente” los precios; a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos o no entreguen facturas.
Sanciones: Los infractores pueden percibir multas de hasta 10 millones de pesos, así como sufrir la clausura de su empresa por 90 días o la inhabilitación por dos años; sin embargo, para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial.
Observatorio de precios: Una vez sancionada a ley, el Estado creará esta entidad, la cual estará encargada del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en la Argentina. Asimismo, el nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico, así como informes a organismos públicos o privados.
Nuevo fuero judicial: Se creará en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días. Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 salarios mínimos, vitales y móviles, por medio de un formulario que será determinado en la reglamentación. Las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas.