Comenzó como un trascendido y antes de confirmarse la noticia ya había sacudido a sectores amplios de la sociedad y de la política como pocas noticias lo hicieron en los últimos tiempos: el presidente Mauricio Macri tomó la decisión de habilitar el debate sobre la despenalización del aborto para todos los casos hasta la semana catorce de gestación. Se trata, al mismo tiempo, de la reivindicación más urgente y unánime dentro del potente movimiento de mujeres, que días antes se había movilizado al Congreso para exigir el tratamiento de una ley en ese sentido, y una causa irrenunciable para los sectores conservadores que conforman la base ideológica del oficialismo. Unas y otros fueron sorprendidos por la novedad, que no había tenido ningún preaviso. Para confundir aún más, el mismo Macri ratificó su postura contraria a una legislación en ese sentido, aunque dio libertad de conciencia a sus legisladores a la hora de votar el o los proyectos que lleguen al recinto.
Quedan para el Presidente, y en sus confidentes y colaboradores más cercanos, los motivos por los cuales se decidió a dar este paso en este momento. Seguramente, la manifestación del lunes 19, en la que decenas de miles de mujeres y hombres pidieron por la despenalización del aborto, influyó. Acaso, la manifestación del miércoles 21, en la que decenas de miles de hombres y mujeres protestaron contra el rumbo del Gobierno, también tuvo que ver. No es secreto que la interrupción voluntaria del embarazo divide a una oposición que en las últimas semanas había ensayado pasos hacia una unidad competitiva de cara a 2019. Tampoco que dos de sus referentes centrales, el Papa Francisco y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se oponen, mientras que buena parte de sus bases está a favor. En todo caso, correr el debate público de la flaca economía es buen negocio, sea para discutir aborto o la gratuidad de la salud para extranjeros.
Pero lo cierto es que en la política los motivos son, siempre, secundarios a los hechos concretos, y en este caso se habilitó el tratamiento de una ley largamente esperada por sus propulsoras y propulsores, lo cual constituye una buena noticia para ellos. Aunque el Gobierno tenga bien puesta su confianza en los números que le permitan dar el debate y a la vez resguardarse de una aprobación no deseada (algo que, por otra parte, es difícil de asegurar a ciencia cierta), la discusión habrá dado un enorme paso adelante, quizás el primero del camino que lleve finalmente a la despenalización, este año o el próximo, o en dos. Políticos y comunicadores que se oponen de forma acérrima reconocen que el debate está instalado y que es necesario discutir el asunto. El tema llegó al prime time televisivo, de donde puede salir con tanta velocidad como se instaló, pero también a sectores de la sociedad en los que hasta hace poco era tabú. Es poco probable que ese movimiento sea reversible.
La pregunta que flota, en estos días, en el aire, es si la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley en el marco de este año legislativo o no. En seis ocasiones un proyecto en este sentido tomó estado parlamentario. Hasta ahora, nunca llegó al recinto. Hoy, parece inevitable que finalmente suceda. Algunas diputadas propusieron ingresar el texto el 6 de marzo y convocar a una sesión especial para aprobarlo en la Cámara baja el 8, Día Internacional de la Mujer, que en este país será conmemorado con un paro y una movilización. Para eso se necesita una mayoría más numerosa y, por ende, más difícil de conseguir. La confirmación desde el Poder Ejecutivo de que el oficialismo no acompañaría un tratamiento exprés dio de baja ese intento. Las impulsoras de la ley advirtieron que no admitirán demoras injustificadas. Desde el Gobierno aseguran que buscan dar un debate a fondo y no dilatar el asunto, aunque sotto voce en la Casa Rosada aseguran que esperan que el tema ocupe un lugar privilegiado en la agenda “hasta el Mundial”.
Más tarde o más temprano, el proyecto llegará al recinto, donde será sometido a una votación que seguramente resulte ajustada, para un lado o para otro. Periodistas parlamentarios, operadores y militantes, calculadora en mano, ya cuentan los porotos. El trabajo más completo en ese sentido lo realizó el equipo que encabeza la economista Mercedes D’Alessandro, que buceó en archivos periodísticos y redes sociales para identificar qué diputados y senadores han manifestado públicamente su posición, y de esta forma delineó un croquis de cómo llegaría cada Cámara al tratamiento de la ley. Las posturas no son inamovibles pero, en este caso, cuando se toca un tema que tiene que ver, entre otras cuestiones, con convicciones íntimas sobre el alcance de la vida humana, es esperable que no haya grandes fluctuaciones entre la intención previa del legislador y su posición definitiva. El trabajo se actualiza ante nuevas declaraciones y puede consultarse en https://goo.gl/4xirBu.
Al cierre de esta nota, el panorama mostraba una situación pareja en la Cámara baja y, tal como podía esperarse por la naturaleza aristocrática del cuerpo, una tendencia al “no” en el Senado. En concreto, de los 257 diputados hay 86 que se han manifestado a favor de la despenalización y 92 que lo hicieron en contra, mientras que 25 dijeron no tener una posición tomada y 53 no hablaron públicamente del asunto o su opinión no ha sido aún recabada por este estudio. En la Cámara alta, son diez los legisladores que votarán a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y 25 los que anticiparon su oposición a la iniciativa. Hay otros diez que se manifestaron de forma ambigua y 27 sobre los que no hay información. A priori, este sería el principal obstáculo para la despenalización del aborto, aunque a esta altura no pueden descartarse sorpresas: no está de más recordar que cuando se trató la Ley de Matrimonio Igualitario, el proyecto pasó con más holgura por la Cámara alta (seis votos de diferencia sobre 72 totales, un 8,3%) que por la de Diputados (16 votos de 257, un 6,22%). En cualquier caso, el debate significará un paso adelante.