La vicepresidenta del bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Carla Carrizo, junto a 39 legisladores nacionales de la oposición solicitaron que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, informe ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja las medidas que se están llevando a cabo desde el Estado Nacional debido a los hechos de violencia institucional que concluyeron con 3 muertes sospechosas como consecuencia del accionar policial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
A través de un proyecto de resolución, 40 diputados nacionales de la oposición solicitan información sobre las muertes de Florencia Magalí Morales, detenida en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, quien fue encontrada ahorcada en su celda el 5 de abril; Franco Gastón Maranguello, de 16 años, también encontrado sin vida en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 24 de abril, horas después de su detención y Luis Armando Espinoza, sospechado de haber sido asesinado por miembros de la policía de la localidad de Monteagudo, Tucumán, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, una semana después de su desaparición, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca.
Además, los legisladores nacionales piden que se brinde información sobre los reiterados casos de violencia y abuso policial ocurridos en ocasión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” registrados en las diferentes provincias del país, en base a los datos que están aportando dos organizaciones especializadas en el tema, como CORREPI y Amnistía Internacional.
“Como Estado debemos intervenir ante estos eventos de clara violación a los principios básicos de Derechos Humanos que tanto esfuerzo han demandado para su consagración en nuestro país”, dijo la Vicepresidente del bloque UCR.
“Estos hechos nos hacen pensar que existe un dispositivo policial deficiente y contrario a los estándares mínimos de preservación de los derechos de las personas en el marco de la situación de excepción que implica el aislamiento”, agrego la diputada Carrizo.
El pedido de citación se complementa con aquellos del mismo tenor que presentarán las diputadas Roxana Reyes y Claudia Najul en las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Mujeres y Diversidad, respectivamente, con el objetivo de realizar una reunión conjunta.
El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Mario Negri, Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR, Emiliano Yacobitti, Sebastián Salvador, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, José Cano, Adriana Cáceres, Mónica Frade, Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Lorena Matzen, Albor Ángel Cantard, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Ingrid Jetter, Luis Petri, Estela Regidor, Atilio Benedetti, Jorge Vara, Juan Aciega, Hernán Berisso, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Ximena García, Brenda Austin, Natalia Villa, Camila Crescimbedi, y Karina Banfi.
Por otra parte, las Diputadas Carla Carrizo -integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño- y Roxana Reyes -Presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes- piden informes al Ministerio de Seguridad sobre la implementación de la Ley 26.290 de “Capacitación de las Fuerzas que forman parte del sistema de Seguridad Interior en materia de Derechos Humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes” y solicitan al Poder Ejecutivo su reglamentación. La norma había sido sancionada el 7 de noviembre de 2007 y promulgada de hecho el 29 de noviembre del mismo año.