Los vecinos de Flores que habían instalado un comedor comunitario en el ex bar La Alameda promovieron una acción de amparo ante un juzgado Contencioso Administrativo y Tributario porteño. A través de su representante legal, Gustavo Javier Vera, y bajo el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, la Cooperativa 20 de Diciembre, con sede en Lacarra 720, presentó un recurso de amparo que beneficiaría y "a todos aquéllos que han desarrollado y continúan desarrollando actividades sociales en el inmueble de Lacarra 720, un inmueble desocupado y ocioso hasta que se incorporaron al mismo estas actividades que encabeza la entidad cooperativa, con el reconocimiento de los vecinos, del Centro Comunal de Parque Avellaneda, y de algunos sectores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy particularmente su Legislatura, conforme los hechos que se referirán en el presente".
El texto explica que la acción de amparo se dirige contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, luego de que el funcionario vetara la ley 1.369, aprobada por la Legislatura el 24 de junio de 2004, por cuyo artículo primero se declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley 238 al predio ubicado en la calle Lacarra 720.
El escrito pide "la continuidad de la ocupación del predio de Lacarra 720 hasta tanto se dicte la norma de adjudicación del bien o la ley expropiatoria del mismo y su entrega de tenencia en comodato a la cooperativa y organizaciones sociales que represento, bajo las mismas pautas establecidas en la Ley 1369. Se ampare la continuidad de las prestaciones y emprendimientos sociales que se desarrollan actualmente en sede de Lacarra. Se impongan las costas y costos de esta acción de amparo al Gobierno demandado. Se dicte medida cautelar de no innovar en la actual situación de tenencia y ocupación del inmueble de Lacarra 720/728, la que será comunicada al Gobierno demandado y a las autoridades judiciales. Se tengan por introducidos y reservados el recurso local extraordinario de inconstitucionalidad y el caso federal, por tratarse de actos de autoridad y disposiciones que se reputan lesivas de cláusulas constitucionales que se invocarán en el presente".
La presentación hace un poco de historia al recordar que "a mediados de mayo de 2002, la asamblea resolvió reclamar con carácter de urgente a las autoridades del Gobierno un predio cerrado y ayuda alimentaria para organizar un comedor y merendero popular a fin de satisfacer las demandas más elementales de los vecinos más carenciados".
"De la Secretaría del Desarrollo Social -continúa el texto- obtuvimos ayuda alimentaria a granel, no así un predio en donde desarrollar el comedor, pues ya en aquel entonces se argumentaba que no existía ningún bien disponible para cumplir con esos fines"
Fue en ese contexto que la asamblea comenzó a funcionar en el viejo bar La Alameda. El comedor comunitario de Lacarra 720 desarrolla sus tareas ininterrumpidamente desde el 8 de Junio de 2002. Sus integrantes cuentan que durante su primer año recibió sistemáticamente ayuda a granel de la Secretaría de Desarrollo Social porteña en el propio predio, como consta en una abundante cantidad de remitos.
En julio de 2002 se conformó la Cooperativa de Trabajo 20 de diciembre y ese mismo mes se presentó un proyecto de expropiación en la legislatura firmado por once legisladores.
El escrito presentado ante el juez señala que "en el último cuatrimestre del 2002, los miembros que formaban parte del primer emprendimiento de panadería fueron beneficiarios de programas de autoempleo por la Secretaría de Microemprendimientos hasta enero de 2003. En julio de 2003, luego que 300 vecinos del barrio en la asamblea de cierre del Presupuesto Participativo 2004 realizada en junio, votaran a favor de la apropiación de la Alameda y la legalización de su comedor, el comedor fue ingresado por la Secretaría de Desarrollo Social al programa de apoyo a grupos comunitarios bajo el registro 460 como consta en el certificado expedido por la Licenciada Jorgelina Moreira. El 1° de diciembre de 2003, a pedido de la Secretaría de Desarrollo Social se elevó un informe sobre la situación de la Alameda donde se informó sobre el proyecto 1768/02 de expropiación; se aclaró además que 300 vecinos habían reclamado la expropiación como primer prioridad del presupuesto participativo en el barrio y que Jorge Navarro, funcionario del Gobierno en la Secretaría de Descentralización- envió cartas y documentación sobre el proyecto a los 60 legisladores y se reunió con Daniel Schiavi, director de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura. Schiavi visitó el predio en le mes de octubre. Días después el comedor legalizado recibió el primer subsidio semestral de 1.000 pesos, como consta en el decreto respectivo firmado por Aníbal Ibarra y Gabriela González Gass, en ese entonces secretaría de Desarrollo Social".
El texto continúa diciendo que "en el último trimestre de 2003, el subsecretario de Producción y Empleo, Héctor Alonso deriva a nuestra Cooperativa el programa Manos a la obra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego de 9 meses de gestiones en ese organismo, en los primeros días de mayo de 2004 se celebra un convenio entre la Cooperativa y el Ministerio de Desarrollo Social mediante el cual se otorgan 42.284,50 pesos en concepto de subsidio para maquinarias e insumos correspondientes a cinco emprendimientos. Obviamente, los técnicos de Desarrollo Social evaluaron antes de entregar el subsidio, que sí existía un comedor legalizado por el Gobierno, un proyecto de expropiación avalado por 20 legisladores y además el proyecto de expropiación era una de las prioridades más votadas en el presupuesto participativo 2004 convocado por el propio Gobierno, era lógico que no hubiera inconvenientes en el tratamiento de la ley de expropiación. En febrero de 2004 la Secretaría de Educación publicó un mapa turístico del barrio de Parque Avellaneda donde menciona a la Alameda como una de sus atracciones y explica que allí funciona un centro comunitario impulsado por una asamblea barrial. Como puede observarse, todo el accionar del Gobierno, desde mediados de 2002 hasta la sanción de la ley de expropiación, fue en dirección de legitimar la actividad comunitaria que se desarrollaba en el predio de Lacarra 720 (ayuda a granel, autoempleos, ingreso del comedor en programas de grupos comunitarios, subsidios al comedor, subsidios por maquinaria e insumos) y en ningún momento se sugirió relocalizar al Centro Comunitario, por el contrario, hubo funcionarios del gobierno que incluso realizaron gestiones ante la Legislatura para facilitar el tratamiento de la expropiación que hoy súbitamente les parece irrazonable. Hay una evidente mala fe de parte del jefe de Gobierno que contradice todos los actos previos realizados por su administración en torno al funcionamiento de nuestra cooperativa en Lacarra 720".
Los integrantes de la Cooperativa 20 de Diciembre junto con el letrado Barcesat realizaron la presentación judicial en las primeras horas del martes 17 de agosto.
