Este miércoles se llevó a cabo una audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en la que se trató la solicitud del legislador Eduardo Valdés de declarar inconstitucional el artículo sexto de la Ordenanza Nº 33.851, que impide el trabajo de los cartoneros.
La norma, dictada en 1977 por el ex intendente del Proceso Osvaldo Cacciatore, prohíbe textualmente "la selección, remoción, recolección, adquisición, venta, transporte, almacenaje o manipulación de toda clase de residuos domiciliarios que se encuentren en la vía pública para su retiro por parte del servicio de recolección".
En su alegato, Valdés sostuvo que hay que "aprovechar la basura como recurso económico, recurso que hoy está siendo desperdiciado y enterrado en terrenos contaminados y contaminantes del conurbano bonaerense". "Por eso -continuó el legislador- impulsamos la derogación de una norma que en realidad está impidiendo que se abra el camino a una industria del reciclado con el consiguiente beneficio para toda la comunidad". "Los cartoneros son trabajadores; según diferentes estudios, el 60 por ciento tenía un trabajo formal hasta hace diez o doce meses y a pesar de la crisis no bajaron los brazos", expresó el diputado.
A su turno, dos representantes de cooperativas de cartoneros, Domingo Fresco -de Rumbo Nuevo- y Lidia Quintero -de Tren Blanco- aseguraron que el cirujeo era una actividad que no habían elegido, pero que ésta tenía que "ser considerada como un trabajo digno por las autoridades". Luego pidieron que los tuvieran en cuenta a la hora de la decisión.
También expusieron los antropólogos Francisco Suárez y Sandra Carlino, que destacaron la importancia de promover una cultura del reciclado por su impacto ambiental. "Debemos, como dicen todas las organizaciones mundiales que trabajan en el tema, pensar en un desarrollo sustentable, es decir, usar los recursos de los que disponemos sin poner en peligro los de las generaciones futuras. Y esto es lo que están logrando los cartoneros", afirmaron los especialistas.
La posición de la Ciudad estuvo representada por Víctor Zamenfeld, abogado de la Procuración. Éste manifestó que el área para discutir la norma no era la Justicia sino la Legislatura. "Si derribamos una norma sin tener otra, cualquiera podrá dedicarse a la recolección. Participarán empresas más fuertes que las cooperativas de cartoneros y terminarán por apartarlas", señaló.
El Tribunal Superior de Justicia tendrá 80 días para dictar sentencia.
