El empresario Mauricioo Macri, que busca ser el candidato a jefe de Gobierno porteño por una coalición que espera que sea encabezada por el justicialismo, comenzó hace ya un tiempo a beber de la amarga copa de las internas políticas.
Fue así que tuvo que confirmar que se encontró con el subsecretario para las Américas del odiado Departamento de Estado norteamericano, Otto Reich. "Sí, me reuní con él -confirmó el presidente de Boca-. Tiene mucho interés en que la Argentina salga adelante. Me dijo que estaban esperando que presentemos un proyecto propio, con una estrategia de país", alcanzó a balbucear ante los micrófonos de una radio porteña.
Pero lo que no esperaba Macri fue que un fiscal se presentara ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de queja, solicitándole a la máxima instancia judicial que deje sin efecto una medida -favorable al empresario y a su padre- que había tomado la Cámara de Casación.
La causa en la que están involucrados Franco y Mauricio Macri, de tantas idas y vueltas que tiene, se convirtió ya en un laberinto indescifrable. Caratulada como "contrabando agravado", ambos empresarios fueron sobreseídos en ella por un cuestionado fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Casación.
El fallo de Casación fue emitido en noviembre del año pasado y liberaba de sus cargos a los Macri, que estaban procesados por exportar autopartes a Uruguay e importar vehículos terminados, cobrando reembolsos por ambas operaciones.
Los antiguos dueños de Fiat habían sido procesados en primera instancia y la decisión estaba a punto de ser confirmada por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. Pero cuando la causa estaba a punto de ser enviada a juicio oral y público, Casación -que no tenía el expediente principal en sus manos- sobreseyó a los Macri y a una decena de imputados más, en tanto que desvinculó a algunos funcionarios de la Aduana de la acusación.
El 30 de noviembre de 2001, el fiscal Ricardo Weschler apeló la sentencia, pero Casación rechazó su recurso, por lo que acudió a la única salida que le quedaba para modificar el fallo: presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema por "denegación de justicia".
La queja se basa en la supuesta "arbitrariedad" de la resolución de la Sala Tercera de la Casación. Wechsler planteó que la Cámara "se excedió" en el objeto procesal, ya que había recibido un recurso de una de las partes y se abocó al fondo de la causa para decidir que no había existido delito alguno.
Weschler también planteó que la Aduana, que era parte querellante en el expediente, desistió en noviembre de 2000, un año antes del sobreseimiento perpetrado por Casación, a raíz de una orden emitida por el entonces ministro de Economía de Fernando de la Rúa, José Luis Machinea.
El titular de la Aduana, Eduardo Casullo, desistió de la acción acusatoria, aún cuando tres días antes había pedido medidas ampliatorias, lo que provocó que el Estado abandonara una causa en la que sufrió serios perjuicios económicos.
Entretanto, dos camaristas del fuero penal económico, Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker, habían deslizado la posibilidad de renunciar a sus cargos, aunque desistieron por ahora, por lo menos hasta conocer el resultado del recurso presentado por el fiscal Weschler.