En un día histórico, miles de militantes se movilizan esta tarde hasta la Plaza de los Dos Congresos, reclamando la sanciónde la Ley de Emergencia Social que aprobó el 15 de noviembre último la Cámara de Senadores y ahora espera su aprobación en la cámara baja. Las organizaciones convocantes son la CGT, las dos CTA, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Federación Agraria, Barrios de Pie y la Confederación General Económica.
También será de la partida la militancia del Movimiento Compromiso Padre Mugica, trabajadores de PROIN, Patria Grande, Seamos Libres, Frente Desocupados Eva Perón y del sindicato La Bancaria.
La ley aprobada el pasado martes estableció la Emergencia Social, incluyendo un aumento del 15 por ciento en las asignaciones familiares por hijo y por embarazo, y la creación de un millón de puestos de trabajo por medio del replanteo de los planes sociales vigentes hasta hoy.
La iniciativa obtuvo media sanción el miércoles en el Senado, pero todavía no ingresó a la Cámara de Diputados.
El primero en hablar durante el acto, que comenzó a las 16, fue Carlos Acuña, uno de los titulares de la CGT, quien reclamó al gobierno de Mauricio Macri que “empiece a cumplir con los compromisos de campaña”.
“No puede ser que todos los candidatos se comprometan con cosas para pedir el voto de los trabajadores y humildes, y cuando llegan al gobierno no cumplen. Después de 33 años de democracia nos encontramos como estamos hoy”, proclamó.
Antes de la manifestación, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, aseguró, que “ni Boudou, ni D’Elía, ni Máximo (Kirchner) van a venir al acto” y advirtió: “Nosotros no queremos kirchneristas en la marcha”.
La norma fue aprobada por 45 votos favorables, en tanto que sólo 15 senadores votaron en contra. Éstos fueron los votos que aportó el oficialismo, a los que se sumaron, inexplicablemente, los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Roberto Basualdo (San Juan), que ni siquiera tenían necesidad de expresarse.
Ahora, para que mantenga vigencia, la Cámara de Diputados debería tratar el dictamen antes del 20 de noviembre, por lo que debía recibir despacho este viernes. De todos modos, eso no ocurriría, porque el oficialismo está dispuesto a bloquear la iniciativa, a la que sus voceron calificaron de “una simple expresión de deseos”, que generaría 100.000 millones anuales de déficit.
Aún así, para minimizar el costo político -en un intento que podría ser calificado, en el mejor de los casos, como una futilidad-, el oficialismo le dará impulso la semana que viene a la reforma del Impuesto a las Ganancias, que la CGT reclama desde hace mucho tiempo. De esta manera, esta norma podría ser sancionada antes de fin de año, sin que arranque ningún aplauso, dadas las circunstancias.
A pesar de tantas maniobras palaciegas, los movimientos sociales se movilizan, este viernes al Congreso, para presionar a los diputados para la aprobación de la ley que por estos días motiva tantas tensiones.
Varios dirigentes de las organizaciones amenazaron con que si la norma no es aprobada en el recinto legislativo, o si fuera vetada luego en la Casa Rosada, el conflicto va a escalar hasta límites impredecibles.
El responsable nacional del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, advirtió que si hay veto -como con la Ley Antidespidos- “no cabe la menor duda” de que sobrevendrá una “reacción” por parte de los movimientos sociales y sindicales.
Por su parte, en la conferencia de prensa realizada con motivo de la convocatoria, Claudia Silva, del Movimiento de Trabajadores Excluidos destacó la necesidad de alcanzar el millón de empleos para “los trabajadores que fueron expulsados del sistema por este gobierno o durante la gestión del anterior”, a la vez que adelantó que “el 18 de noviembre va a ser mayor que el 7 de agosto, para que el año termine con el pueblo de pie y protagonista”. Finalmente, la activista auguró que “si el gobierno no escucha el reclamo de la emergencia social, se pudre”.
