Los cruces que se desprendieron de la decisión del Gobierno nacional de congelar los precios en supermercados hasta el 1° de abril y luego de que circulara la versión sobre la prohibición de publicación de ofertas en los medios, desde ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas hicieron referencia a la situación y al “manejo discriminatorio de la pauta oficial” y las “presiones sobre los anunciantes privados impulsados”. Desde AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires), en tanto, calificaron como “una presión aberrante” y “un flagrante caso de censura previa” la supuesta orden del Gobierno.
En el caso de la primera asociación, señalaron que “prohibir anuncios privados o amedrentar a las empresas que desean pautarlos son variantes de la censura”.”La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado no puede asignar de manera arbitraria su pauta publicitaria. Tampoco puede, a través de sus funcionarios, bloquear la pauta privada”, puntualizaron.
Además, hicieron hincapié en la “la gravedad de este tipo de medidas” y solicitaron a las autoridades que se “abstengan de impulsarlas y se compromete a plantear el tema en foros internacionales, en defensa de la plena vigencia de la libertad de expresión en el país”.
Y luego hicieron mención al informe de la Auditoría General de la Nación, que se dio a conocer este jueves. Allí se habla de los 2.320 millones de pesos destinados a la pauta oficial entre 2007 y 2010. El informe apunta que, en 2009, el 59% de la inversión publicitaria del Estado nacional se concentró en cinco medios dentro de un universo de 365 y que la distribución no tuvo relación con los niveles de audiencia de estos. En ese año, por ejemplo, un medio con una tirada que representa la décima parte de la de uno de sus competidores recibió más del doble de pauta oficial”.
En ese contexto, advirtieron que “presionar a los anunciantes para que retiren avisos de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial configuran graves ataques a la libertad de expresión“.
“Por un lado, estas acciones vulneran la sustentabilidad económica de todo medio que pretenda desarrollar su tarea periodística con independencia; por otro, constituyen el combustible para el funcionamiento de medios acríticos respecto del poder o dedicados a desprestigiar al periodismo no adicto. Impedir que los supermercados y empresas de electrodomésticos publiciten sus productos afecta los derechos del consumidor al cercenarles la posibilidad de obtener información sobre productos y precios que le permita tomar decisiones de consumo”, expresaron.
Por último, indicaron que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal, según lo señaló la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de prensa. Y la combinación de ambas acciones -manejo discriminatorio de la pauta oficial y presiones sobre los anunciantes privados- conduce a un ahogo económico de los medios independientes”.
AEDBA, a través de una solicitada sostuvo que “Guillermo Moreno continúa avasallando derechos básicos“, como “ejercer la libertad de expresión”. “En un nuevo e inédito atropello sobre los derechos constitucionales de toda la población, el secretario de Comercio presionó a las cadenas de supermercados y electrodomésticos para que se abstengan de publicar avisos publicitarios de cualquier índole en medios de comunicación nacionales”.
Según se indicó, “este bochornoso boicot orquestado por el Estado Nacional no registra antecedentes en al historia de nuestro país como así tampoco en todo el mundo democrático”.
“Se trata de una triste demostración de hasta dónde se puede llegar con el autoritarismo, en un contexto dominado por la discrecionalidad y el apriete. Una evidente represalia contra quienes informan de manera independiente sobre los índices de inflación y otros aspectos de la economía real”, se agregó en otro de los pasajes del escrito.
Para finalizar AEDBA consideró que esta medida representaría “un enorme perjuicio a los habitantes de este país, al intentar sumir en un estado de oscurantismo y confusión al mercado de consumo masivo, privando a los consumidores de acceder a la información de precios, ofertas, descuentos y productos, compararlos y tomar sus decisiones de abastecimiento, afectando así su derecho a estar informados y su libertad de elección”.
“Es un flagrante caso de censura previa, prohibido expresamente por nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos” porque “ningún funcionario puede ordenar un acto ilícito como un boicot”.
