El cepo a la Información Pública es un hecho. El Gobierno lo aplicó en el caso de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. al negarse a brindar detalles sobre los gastos de publicidad y propaganda durante el primer y el segundo semestre de 2024.
En particular, sobre el dinero que se utilizó y qué empresas, organizaciones o medios de comunicación fueron sus beneficiarios. La respuesta de las autoridades fue que esa información era “secreta”.
El Gobierno parece estar decidido a gestionar sin rendir cuentas. En septiembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. La noticia generó un fuerte debate sobre la libertad de expresión, la transparencia y hasta se convirtió en un nuevo capítulo de la interna libertaria: luego de una ola de cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró en el Congreso que el oficialismo modificaría la norma “si fuera necesario”. Al día siguiente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo desautorizó y negó cualquier cambio.
El “puntapié” del decreto 780/2024, fue un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien manifestó que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos. La resolución fue argumentada con una defensa a la “privacidad” del presidente.
Sin embargo, el rechazo a la solicitud del pedido de información confirma que la intención de los libertarios va mucho más allá de los perros de Milei y sus excentricidades. Los datos sobre cómo se distribuye el dinero de publicidad y propaganda estatal entre los medios de comunicación es una información solicitada con frecuencia por los medios y nada fuera de lo común. De hecho, prácticamente todos los años se publican artículos que describen qué empresas resultaron más beneficiadas.
Más cepo, menos información
La solicitud presentada expresaba: “Solicito información sobre ‘Gasto de Publicidad y Propaganda’ de Aerolíneas Argentinas en el primer y segundo semestre de 2024. Se requieren los montos totales y también el detalle de las erogaciones: las empresas, medios de comunicación, organizaciones, entidades o personas físicas que recibieron dinero, la cantidad y en qué fechas”.
Las autoridades de la compañía estatal respondieron que la solicitud “constituye información comercial cuya revelación y/o divulgación podría perjudicar el nivel de competitividad o lesionar intereses de la compañía”.
Se ampararon en el artículo 8 inc. C del decreto, que entiende como secretos aquella información “que no fuera conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información, tenga un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”.
En los párrafos siguientes, sostuvieron la necesidad de resguardar las estrategias de márketing con el supuesto objetivo de defender los intereses comerciales de la compañía. “Al develar la estrategia de marketing, la competencia puede utilizar la misma en beneficio propio captando a los potenciales clientes de ARSA, lo que se traduciría en pérdida en la participación de mercado, es decir, menor cantidad de ingresos generados por ventas”, afirmaron.
Además, pusieron un ejemplo: “Si la competencia pudiera acceder a la estrategia de comunicación del Grupo Aerolíneas de un gran evento como es el Hot Sale o CyberMonday podrían copiar dicha estrategia mejorando sus descuentos/beneficios y así capturar mayor cantidad de ventas que podría haber generado el Grupo Aerolíneas si mantendría (sic) esa información en secreto. Es por ello que la revelación y/o divulgación de la información antes mencionada permitiría que sus competidores conozcan a los proveedores contratados por el Grupo y en este sentido puedan contactar a los mismos”.
Las repercusiones
La diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública destacó: “Quiere decir que, ante la duda, la información debe ser entregada”. La diputada, además, explicó que “en los casos que el Estado considere que revelar una información implica algún riesgo, la tachás. Pero la tenés que entregar igual”.
Por su parte, el director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, advirtió que la respuesta de Aerolíneas Argentinas puede tiene una implicancia de fondo: “El concepto de ‘secreto’, desde esta lógica, podría aplicar a todas las áreas de una empresa pública. ¿La cantidad de empleados puede ser un secreto? Si lo pensamos así, cualquier empresa estatal que ofrezca un servicio a la población podría argumentar que cada una de sus decisiones son parte de su estrategia comercial”, reflexionó.
El acceso a la información es un derecho, cada vez que quieras saber algo, tener alguna información que la tiene el Estado, podes pedir que te la den y están obligados a entregártela. Úsala pic.twitter.com/LAyVGPYgEX
— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) September 28, 2023
Libertad, pero no de expresión
Los debates por la libertad de expresión y el acceso a la información pública atraviesan la gestión libertaria. El vínculo de Milei con la prensa es, de mínima, tenso. El presidente replica agresiones personales contra cualquier periodista que lo cuestione.
Uno de los primeros anuncios que hizo cuando se convirtió en presidente fue suspender por un año la publicidad oficial. Sin embargo, aunque se haya cortado el envío de dinero por parte del Ejecutivo nacional, otros entes públicos (como Aerolíneas Argentinas) continúan ejecutando partidas de pauta.
El fantasma de que ese dinero se distribuye con discrecionalidad como mecanismo para premiar o castigar a los medios, tal cual sucedió en otras épocas, circula desde hace meses. Se trata de una vieja práctica en política.
El pedido de acceso a la información pública pretendía conocer qué medios y en qué cantidades están recibiendo dinero del Estado. Por ahora, no se sabrá. Para el Gobierno es información secreta.
