El proyecto de ley que busca ampliar las competencias de la Agencia Gubernamental de Control obtuvo este lunes despacho favorable de la Comisión legislativa de Asuntos Constitucionales que preside el legislador Helio Rebot (Pro).
La iniciativa, que fue impulsada por el Ejecutivo de la Ciudad, pretende transferir a la AGC funciones de fiscalización y control de la actividad laboral y de protección del ambiente.
De ese modo, el cuerpo inspectivo de trabajo pasaría a desarrollar su actividad en la órbita de ese organismo con las facultades de fiscalización y control del cumplimiento de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo.
Según Manifestó el jefe de Gobierno porteño en el proyecto, el objetivo es “centralizar en la AGC todas las instancias de fiscalización de la actividad comercial elevando grados de certeza, claridad, unificación de criterios y eficiencia en la gestión administrativa, dado que le permitiría efectuar fiscalizaciones integrales sobre determinada parcela y sobre todas las materias con la potestad de llevar a cabo el procedimiento en la instrucción de sumarios administrativos por faltas disciplinarias de su propio personal, sancionar y disponer cesantías”.
En 90 días el Ejecutivo procedería a la reglamentación que incluirá a las actuales Direcciones generales de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, y de Control de la Agencia de Protección Ambiental con la correspondiente reasignación presupuestaria.
El proyecto de ley enviado por Macri el 1 de octubre, pretende modificar la ley que creó la AGC como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo del Dr. Guillermo Montenegro.
Según el jefe de Gobierno, en esa norma “se puede inferir la voluntad del legislador de unificar en un solo ente autárquico las competencias asignadas al Sr. Jefe de Gobierno relacionadas con el ejercicio del poder de policía sobre la actividad comercial e industrial en establecimientos públicos y/o privados que se desarrolla en el éjido de la Ciudad”. Tras casi 6 años de experiencia, afirma “resulta conveniente ampliar las competencias incorporando funciones inspectivas que en la actualidad recaen sobre otras dependencias del Gobierno”.
Desde los bloques opositores adelantaron que plantearán su disidencia con respecto al proyecto.
