Las palabras “glifosato”, “herbicidas”, “agroquímicos”, “alimentos transgénicos” se encuentran ya instaladas en la sociedad argentina, pero paradójicamente poco se toma conciencia sobre los 520 millones de litros de herbicidas, insecticidas y fungicidas que se utilizan en el país cada año y el impacto de éstos en la salud de la población, en especial en la infantil.
Según la Organización Mundial de la salud, más del 40% de la carga mundial de morbilidad infantil se atribuye a factores de riesgo ambiental y afectan a niñxs menores de cinco años, que representan alrededor del 10% de la población mundial. Cada año, más de 3 millones de niñxs menores de 5 años mueren en el mundo, especialmente en zonas subdesarrolladas, por afecciones relacionadas con el ambiente.
Sobre esto alertó el reciente estudio que publicó la Sociedad Argentina de Pediatría, que resultó en que los químicos son sumamente peligrosos para la salud que lxs más chicxs consumen y respiran, echando luz sobre la oscuridad que se origina en la falta de estadísticas e informes epidemiológicos oficiales.
La inactividad del Estado es combatida por las y los vecinos de los pueblos más cercanos a los focos de contaminación con agrotóxicos, que levantan su voz en protesta desde hace años. Por eso la SAP, otros organismos y representantes políticos sumaron su propia voz para que el Estado finalmente escuche, intervenga y regule.
Tal es el caso de la referente del MST, Celeste Fierro, que dialogó con Noticias Urbanas. Fierro declaró: “El negacionismo sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana es una política de Estado. Es tan irracional la sed de ganancia, que son los gobiernos los que impugnan las pruebas sobre la peligrosidad de este veneno para las poblaciones y terminan brindando impunidad a las corporaciones”.
En números
En Argentina, las corporaciones de agronegocios descargan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año. Esto envenenó a más de 12 millones de personas, en especial a las que viven en zonas rurales.
Argentina es un país agroexportador, que en 20 años (desde 1991 hasta 2011) ha aumentado un 1.279% el uso de químicos, según datos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Solamente en el año 2018 se utilizaron 525 millones de kg/l de herbicidas sobre nuestros suelos, según la información brindada por la ONG Naturaleza de Derechos.
En el caso de lxs niñxs, en estas circunstancias, en los primeros 5 años de su vida acumulará el 50% de la exposición a plaguicidas que recibirá en toda su vida. Esto trae como consecuencia para ellxs una serie de daños en el desarrollo neurológico, cáncer, malformaciones e incluso la muerte.
“Esos más de 500 millones de litros de veneno fumigado se deposita en casas, en escuelas, en nuestros alimentos, en el aire que respiramos y en el agua que tomamos. Son 11 litros de veneno por persona por año, el más alto del mundo. Y son más de 12 millones de personas que viven en zonas donde el nivel de exposición se eleva a los 50 litros per capita anual”, aportó Fierro, destacando que “no nos olvidamos de Fabián Tomassi, que murió víctima de este sistema perverso que promete un trabajo y un progreso económico que nunca llega, con un aparato mediático que amplifica argumentos falsos para desacreditar a las comunidades y con una casta política cómplice de las grandes corporaciones agroalimentarias”.
“Si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales de los agroquímicos sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre el efecto de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral”. Florencia Arancibia, socióloga e investigadora del Conicet por la Unsam.
Veneno en lxs niñxs
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó la guía titulada “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil” para concientizar al sistema de salud infantil y proveer información. En ese marco, recientemente el Comité de Salud y Ambiente de la SAP elaboró una Historia Clínica Ambiental que detallará las condiciones de vida de niñxs y adolescentes que llegan a hospitales, de esta manera es más certero el proceso de búsqueda del origen del deterioro en su salud, al sistematizar la relación entre las enfermedades y el uso de agrotóxicos.
El documento busca la disminución de la deuda del Estado con la salud pública, ante la falta de estadísticas e informes epidemiológicos que permitan cuantificar la dimensión del problema y es también un reconocimiento a la lucha de los vecinos de los pueblos fumigados, que motorizaron medidas de resguardo en todo el país.
“Si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales de los agroquímicos sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre el efecto de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral”, destacó Florencia Arancibia, socióloga e investigadora del Conicet por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), junto con otros profesionales de la salud que colaboraron en el estudio.
Al respecto, Fierro apuntó:
“Van casi 30 años de agronegocio y no tenemos ninguna estadística oficial, por eso el estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría es tan importante, porque ante la omisión activa del Estado, nos brinda una herramienta fundamental a las comunidades fumigadas. Decenas de científicos y profesionales de salud, por unanimidad, diagnosticaron que los agrotóxicos matan y que nuestras niñas y niños son los más afectados. La pelea ahora continúa para darle practicidad y que se implemente de manera urgente una historia clínica ambiental”.
Legislación y Estado
El informe de la SAP plantea la problemática de la laxitud de la normativa argentina en la regulación de químicos contaminantes. Hay 107 agrotóxicos permitidos en la Argentina que están prohibidos en al menos un país. Además, aseguran que “no existe todavía ninguna Ley Nacional que regule el uso de estos productos en todo el territorio nacional”.
Por su parte, la coordinadora del documento y pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante del la Comité de Salud Ambiental de la SAP, María Gracia Caletti, expuso en dicho escrito que “es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana, tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica”. Acto seguido, Caletti calificó al efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”.
Ante esto, la pediatra enumeró las debilidades del sistema, que impiden un mayor control y regulación de este perjuicio sanitario por el uso de los agrotóxicos:
• Falta de leyes e incumplimiento de las existentes.
• Ausencia de personal de salud capacitado en el tema.
• Falta de concientización de la población.
• Falta de educación comunitaria.
• Ausencia de registros médicos adecuados.
• Ausencia de estadísticas.
“La mayoría de los países desarrollados tiene legislación restrictiva sobre el uso de estos productos. Incluso Francia tiene una legislación que obliga a disminuir, cada 5 años, el 30% de agrotóxicos usados, hasta dejar de utilizarlos en el 2035″, compara la integrante del Comité de Salud Ambiental de la SAP. “Hay mucha tarea por realizar en la Argentina, tanto dentro del sector salud como fuera de él”, completó.
Respecto de la ausencia de estadísticas oficiales, último punto mencionado por la coordinadora del documento de la SAP, recién en noviembre pasado el Poder Ejecutivo convocó —a través de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente— a la comunidad científica para analizar la presencia de agroquímicos en suelo, agua, aire y organismos vivos. Ocurrió después de 24 años de la aprobación del primer evento transgénico resistente al glifosato.
A este respecto, Celeste Fierro opinó: “Hay que cambiar todo el modelo, estamos transitando la peor crisis ecológica de la historia. El gobierno nacional insiste en sostener una orientación extractivista, que devasta la vida y el medio ambiente. Hay que resguardar a los pueblos y esto sólo es posible poniendo fin al modelo productivo anárquico capitalista, y mutar a un modelo agroecológico, sin transgénico y agrotóxicos, que avance en el camino de la soberanía alimentaria, donde los pueblos decidan y controlen democráticamente todo el proceso”.
Finalmente, Fierro manifestó que “no hay mayor evidencia que las consecuencias, no sólo en el territorio, sino también en el cuerpo de los pueblos fumigados, por eso no olvidamos el caso de Fabián Tomassi, que es emblemático por la inacción del Estado en este tema”.
Lea el estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría completo aquí.