El ministro de Defensa, Oscar Aguad, antes titular del (ex) ministerio de Comunicaciones, fue citado a indagatoria por su papel en el acuerdo donde el Gobierno se prestó a perdonarle casi la totalidad de la deuda de 4.000 millones de pesos al Correo Argentino, empresa de la familia Macri.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que se lo cite como sospechoso de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Planteó su responsabilidad en un arreglo “espuriamente concebido” que tenía como objetivo “beneficiar a la empresa” postal y por el cual “comprometió abusivamente” el patrimonio de la administración pública a sabiendas del perjuicio que provocaría. También requirió que sean indagados Juan Mocoroa —quien firmó el acuerdo ante la Cámara Comercial donde aceptaba en nombre del Estado la oferta del Correo- así como el entonces titular de la empresa Jaime Cibils Robirosa y su abogado patrocinante, Jaime Leonardo Kleidermacher.
Pollicita aclaró que esta es solo una primera etapa de la investigación y no descarta la intervención de “otros sujetos”. Deja temas pendientes: la situación de Mauricio Macri; el análisis de maniobras de vaciamiento de las empresas controlantes SOCMA y SIDECO; la polémica designación de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro, donde elaboró dictámenes para negar faltas administrativas y desligar al presidente; y la intervención de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en aquel mismo sentido.
Todo apunta a que el juez federal Ariel Lijo este viernes haría lugar a los pedidos de indagatoria de Pollicita. Lo que muestra su dictamen es que lo que denunció hace ya casi dos años la fiscal ante la cámara Comercial Gabriela Boquín —la primera señalar que el acuerdo con el Correo era “ruinoso” y “abusivo”- tiene un correlato penal capaz de acarrear responsabilidades delictivas para funcionarios en ejercicio. El fiscal hace un recorrido por todos los intentos de la empresa del Grupo Macri, desde el momento en que se presenta al concurso preventivo en 2001, para pagar la deuda con fórmulas siempre desfavorables a los acreedores.
Por esa razón esas ofertas siempre terminaban rechazadas. Ocurrió en 2003, 2007, 2010 y 2015. Sin embargo, advierte el fiscal, mágicamente esa tendencia cambia a partir de 2016, no porque el Correo mejorara su ofrecimiento de manera sustancial sino porque apareció una administración dispuesta a aceptarla. “Los distintos representantes del Estado Nacional pasaron de una posición ajustada a derecho y protectora de los intereses pecuniarios que les fueron confiados, a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales”, sostuvo Pollicita.
El acuerdo con el Correo se firmó el 28 de junio de 2016. Pero según se desprende de la investigación, tanto el delegado del ministerio de Comunicaciones, Mocoroa, su titular de Asuntos Jurídicos, como los de la empresa, llevaban el acuerdo cerrado. Las pruebas sobre cómo se gestó, las había entregado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que mostró datos centrales. Mocoroa y otros funcionarios habían tenido reuniones previas con los hombres del Correo. El 11 de marzo de 2016 el secretario de Tecnología de la Información de la cartera de Aguad, Héctor María Huici, se reunió con Robirosa. El 14 de abril se vuelven a juntar y participa Mocoroa; el 19 de mayo se presenta éste último en la causa y explica que el ministerio de Comunicaciones asumirá la representación estatal en el expediente y pide la audiencia con el Correo. Ya había, dice el fiscal, un “acuerdo en las sombras”. Y eso se advierte en una nota (DGAJ 55/16) en la que Mocoroa le pide instrucciones a Aguad, con fecha del 23 de mayo, y le adelante que el Correo había hecho una nueva oferta, algo que presentó recién 14 días después, el 6 de junio. Luego Aguad le da instrucciones en otra nota (55/2016) donde admite como válida esa oferta que no estaba planteada en el expediente, y le dice que solo acepte “una propuesta de pago equivalente a no menos de quince cuotas representativas del crédito finalmente verificado y un incremento de la tasa de interés equivalente al 7 por ciento anual”. Lo que quedaron plasmadas en el acuerdo fueron exactamente esas condiciones.
Pollicita dice que, además, Aguad y su equipo omitieron hacer una evaluación de sino que “fue el ejercicio irreflexivo de una discrecionalidad”. Sin embargo, conocían un reglamento de la AFIP que impone condiciones mínimas para proteger los intereses estatales y había una evaluación el Banco Nación que, sin contar los intereses posconcursales, mostraba que con la fórmula del Correo, similar a las últimas que ya había ofrecido, sólo se le pagaría al estado el 5,85 por ciento de la deuda. Luego un estudio completo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones de la Procuración General (DAFI) constató que las 15 cuotas, implicaban una quita del 98,87 por ciento: es decir, el Correo pagaría realmente 1,13 por ciento del crédito. La quita sería de 4.656.446.226 pesos y para el año 2033 cuando terminaban las cuotas, 70 millones. Ese estudio fue incorporado por Boquín cuando, en febrero de 2017, pidió que no fuera homologado el pacto en cuestión y denunció los hechos.
“Aguad supo desde el primer momento que al aceptar la propuesta de pago de la concursada se estaba apartando de sus deberes de protección y cuidado de los bienes nacionales, cuya custodia era inherente a su condición de ministro”, dice Pollicita al pedir su indagatoria. Señala que impartió instrucciones en función de lo “acordado con la contraparte”, el Correo. “El acuerdo alcanzado, lejos estuvo de constituir el resultado de una negociación entre partes donde cada una de ellas veló por la defensa de sus intereses, sino que fue el producto de una connivencia previa entre ambas para someter la voluntad estatal a la pretensiones de la concursada”, añade. El “brazo ejecutor” fue Mocora, en sus palabras. “El acurdo resultó ser abusivo y perjudicial para el estado nacional, se instrumentó mediante negociaciones que se iniciaron por fuera del proceso concursal y tuvo como único objetivo privilegiar las pretensiones de pago de Correo Argentino”, concluye. A Cibils Robirosa y Kleidermacher los ubica como partícipes necesarios.
El dictamen señala un punto que no es menor: que en los 17 años transcurridos con numerosas irregularidades en el concurso el Correo fue sorteando el dictado de la quiebra. Pollicita desliza que sería el camino para que el Estado cobre. La quiebra arrastraría a las controlantes, que son SOCMA y SIDECO, pilares del grupo Macri, que se dedican además a otros rubros y sufrirían un gran golpe si fuera así. Son las empresas que el presidente manejó y que hoy están formalmente en manos de sus hijos y hermanos. En el caso del Correo, su padre, Franco, había hecho una cesión pero seguía siendo beneficiario.
Como es conocido, cuando se desató el escándalo, el presidente Macri mandó a dar marcha atrás con el acuerdo, que hasta ahora no se volvió a concretar. Luego mandó a desplazar al procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), que había iniciado sumarios por la posible responsabilidad de funcionarios, y lo reemplazó por Saravia Frías, cuyo estudio había representado al Grupo Macri tiempo atrás y es un abogado que forma parte de su “mesa chica judicial” junto con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Saravia Frías cerró la investigación interna y la vicepresidenta Gabriela Michetti refrendó esa decisión con su firma, que todavía podría ser impugnada por al PIA. También firmó una resolución del mismo tenor Laura Alonso, desde la OA, que fue denunciada e imputada por otra fiscal, Paloma Ochoa, luego desplazada del caso. Todos, además, apuntaban a desvincular a Macri, por el posible conflicto de intereses que en este caso lo pone de ambos lados del mostrador. El mismo lo reconoció cuando firmó un decreto donde le delegaba a Michetti la evaluación de las actuaciones administrativas. Este es el aspecto que está todavía bajo un gran signo de interrogación. Pollicita subroga la fiscalía a cargo de esta causa y la dejaría en abril. Es un enigma lo que puede suceder en un año electoral. Por lo pronto, el juez Lijo avanzaría con las primeras indagatorias.