Conocido como el “Uber inmobiliario”, Airbnb es una plataforma web que permite alquilar espacios en casas particulares sin intermediarios. Se trata de alojamientos informales, ya que no se encuentran regulados por el Estado y, por ende, permite precios más accesibles que el alojamiento formal.
Esta “competencia desleal” en lo comercial, como se la denomina en el sector turístico, provocó que la hotelería argentina se vea en desventaja, no sólo porque al someterse a una fuerte presión impositiva que debe trasladar a sus tarifas, sino que debe soportar además que la demanda haya bajado sustancialmente.
Airbnb es una compañía extranjera, que cuenta con tarifas dolarizadas. Los propietarios que cuenten con alguna habitación libre y quieran ofrecerla a los turistas pueden ofertarla a través de Airbnb.com.ar, y el pago les es girado en pesos.
Con el correr de los años, la compañía se expandió, en especial en Buenos Aires y Bariloche, instalando un cambio en las modalidades de alojamiento turístico, pero ahora también de alquileres generales.
Sucede que en los últimos años, la oferta de alquiler de “casas completas” en vez de sólo un sofá libre donde pasar la noche creció notablemente, a raíz de los inconvenientes que existen en el sistema de alquileres de inmuebles, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Los alquileres ofrecidos en CABA a través de la plataforma Airbnb en el rubro “viviendas completas” aumentó un 20%, entre septiembre y diciembre de 2022. En el último mes del año pasado, de 20 mil avisos publicados, 18 mil eran para viviendas completas.
Esto eleva el número de alquileres temporarios a 70 mil, sumando las ofertas de todas las plataformas (Booking, Alohar, Alquiler Argentina, Mercado Libre, TripAdvisor, Vrbo, Wimdu, Expedia, Barent), y al mismo tiempo, estrecha el margen de viviendas disponibles para alquileres permanentes en la Ciudad, una oferta ya de por sí insuficiente.
Esta irregularidad impositiva no sólo coadyuva a esquivar los requisitos establecidos en la Ley de Alquileres, sino que evaden los impuestos inmobiliarios y encarecen el valor de las viviendas. Como consecuencia de esta renta desmedida, se genera un desplazamiento de la vivienda permanente al turismo, provocando fuertes aumentos de precios y un avance de la economía dolarizada.
Esta nueva forma de contratación de alquieres significa nuevos desafíos al Estado a la hora de regular el acceso a la vivienda. La modalidad liderada por las plataformas enmascara una llana flexibilización del mercado inmobiliario: restringe la oferta de vivienda permanente y fuerza al inquilino a aceptar contrataciones fuera de la Ley N° 27.551, que regula el mercado inmobiliario.
El objetivo es “generar mayor renta dolarizada”, opinó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados en declaraciones radiales. Por esta razón, el alquiler turístico crece en la Capital Federal, en la Patagonia y en el centro del país, en ciudades que son destino y tránsito de viajeros. Y las inmobiliarias lo promocionan, porque muchas son dueñas de los departamentos que ofertan y “cuanto más corto es el contrato, más comisiones se cobran” afirma.
Para peor, este tipo de alquileres no es sólo para turistas. Muchas personas que no cumplen los requisitos para alquilar de forma “permanente” se ven obligadas a aceptar las condiciones de estas plataformas, que les piden menos requisitos a un mayor precio. De esta manera, el alquiler turístico se vuelve alquiler permanente para la gente que vive en la Ciudad.
Algunas de las grandes ciudades del mundo ya regulan esta actividad, mientras que otras debaten cómo hacerlo. En Bruselas, la Comisión Europea se encuentra tramitando una modificación en el IVA para servicios turísticos para gravar la actividad de esta plataforma norteamericana creada en San Francisco en agosto de 2008.
El objetivo es que Airbnb deduzca el monto del IVA al propietario, porque la empresa no vende el producto, sino que lo hace en nombre de éste, para que luego deba informar su ingreso al fisco y pagar el impuesto correspondiente.
Paralelamente, en Argentina el objetivo final es que las plataformas funcionen sin afectar el acceso a la vivienda de las personas que residen allí, tanto en disponibilidad como en precios. Quizás, como contrapartida, sería necesario crear un sistema de garantías accesible, que no exija la condición de ser propietario –o estar relacionado con uno- para alquilar un inmueble.