El titular del Ministerio de Justicia, Julio Alak, fundamentó la apelación que hará el Estado ante la Justicia, porque “viola dos aspectos: la igualdad ante la ley y el principio de equilibrio de poderes”.
“Una familia o un trabajador que deja de pagar un bien es desalojado por la justicia o se le quita el bien; en cambio, cuando se trata de un poderoso como la Sociedad Rural o una corporación económica, no sólo no se lo desapodera del bien que tiene ilegítimamente, sino que se lo convalida con una cautelar”, se quejó el ministro.
Al respecto, la presidente Cristina Kirchner sostuvo antes que “la Cámara ha traspasado todos los límites” con esta medida.
“Esta Cámara ha traspasado, y se le ha permitido traspasar, todos los límites”, dijo, ya que “no sólo se arroga competencia propia del fuero contencioso administrativo” para entender sobre un decreto presidencial, sino que “mucho peor, convalida un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional, en criollo léase: Un robo”.
Cristina lo expresó el viernes a través de su perfil en la red social Twitter, en el que recordó que “hay ex funcionarios de Economía y miembros de la SRA de entonces, procesados por la venta a precio vil de la Rural”.
“Este viernes, la Cámara que mantiene suspendida desde hace 4 años una ley del Congreso, debía resolver sobre el decreto que revocó la venta a precio vil, impago además, de la Rural. Al final, ¿cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre”, manifestó.
La jefa del Estado aseguró que a los jueces que integran la Cámara “nada les importó”, a la hora de redactar su resolución, y afirmó que esa conducta “no es inmunidad judicial, es impunidad judicial”.
