“Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Kulfas y Moroni”, fue la desafiante frase que soltó a principios de mes Andrés Larroque, referente del kirchnerismo más duro y crítico de la política económica de Alberto Fernández.
Incluso a los tumbos, con una inflación que redondeó 6%, tanto el ministro de Economía como el de Desarrollo Productivo están terminando mayo con mucho más aire político de lo que se les presagiaba hace 30 días, sobre todo después de la salida del ultrakirchnerista Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio Interior.
Claudio Moroni, el tercer apuntado en cuestión, acaba de quedar al frente de un ambicioso proyecto del Gobierno, que contempla una inversión total por US$ 500 millones en cuatro años y que apunta a incluir en el mercado laboral a un universo de 3,6 millones de desocupados o trabajadores informales, con la cooperación de empresas que se inscribirán para contratar determinados perfiles.
El denominado Fomentar Empleo se presenta como una suerte de etapa superadora y formal del Potenciar Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tantos dolores de cabeza le trajo al Gobierno este año, con reclamos constantes de organizaciones sociales por mayor cantidad de cupos, que se agreguen a los 1,2 millones de beneficiarios que ya lo reciben.
La inversión inicial para el programa dependerá de un desembolso de US$ 250 millones que recibirá el Gobierno de parte del Banco Mundial, que el propio Ejecutivo apuesta a duplicar en monto proyectando un ciclo de cuatro años, que trasciende a la gestión de Alberto Fernández. “Como piso, estamos hablando de US$ 500 millones”, dicen fuentes de la cartera laboral.
El Fomentar Empleo, que formalmente estará a cargo del secretario de Empleo Leonardo Di Pietro, está destinado a personas de entre 18 y 64 años que no estén empleadas de manera formal o que perciban asistencia del Estado mediante planes sociales vigentes como Potenciar Trabajo, Acompañar o Progresar. En ningún caso, no obstante, podrán recibir en simultáneo dos haberes de esos programas.
El programa establecerá un sistema de “prestaciones con asignación dineraria para la población priorizada”, entre los que sobresalen los cursos de formación profesional (con haberes de $ 15.000 por mes), de orientación laboral (hasta $ 15.000 por mes), de entrenamiento para el trabajo (hasta $ 23.000 por mes) y de inserción laboral ($ 25.000 por mes).
Según las fuentes consultadas por el diario Clarín hay 7.000 empresas y 110.000 personas que se anotaron en el Portal de Empleo que se dispuso para la inscripción de los interesados. El primer año, comentaron fuentes laborales, el objetivo de mínima es llegar a 350.000 personas inscriptas en los cursos de formación o en las etapas de entrenamiento y de inserción laboral.
La medida también busca ser un stop al proyecto que dirigentes vinculados al kirchnerismo llevaron al Congreso y que promueve la sanción legislativa de un “salario básico universal”. Si bien no lo dicen públicamente, en el albertismo, rechazan esa especie de subsidio a los desempleados y creen que la mejor manera de incluirlos es mediante empleo formal.
Para las empresas, el “gancho” previsto será una reducción del 95% de las contribuciones patronales durante 12 meses en el caso de contratar mujeres, diversidades sexo genéricas o discapacitados; o del 90% para la contratación de trabajadoras/es que se encuentren desocupadas/os.
Los puestos más demandados hoy en las diferentes industrias, aseguran, son “conductores de maquinaria pesada de minería”, “obreros de construcción en Río Negro por el desarrollo del hidrógeno verde”, “soldadores” y “conductores de drones para Salta y Jujuy, donde la principal apuesta es el litio”.
El nuevo programa se presentó la semana pasada, en un encuentro en el que además de Moroni participaron referentes sindicales como Gerardo Martínez (Uocra) o funcionarios del Consejo Económico y Social como Gustavo Béliz o el dirigente social preferido de Alberto Fernández, el líder de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.