El Gobierno atendió un viejo reclamo de los sindicatos y estableció por decreto que los trabajadores y trabajadoras deberán permanecer al menos un año en la obra social que les corresponde de acuerdo al sector que se desempeñen. Así, se revierte la posibilidad que existía hasta hoy de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral, algo que desde los ’90 generó un proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales más chicas.
El decreto 438/2021 modifica al 504 del 12 de mayo de 1998 y establece que “los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un (1) año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.
El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establece además que la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud.
Esta decisión busca matizar un fenómeno conocido como el “descreme” de las obras sociales, que se inició en la década de 1990 cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Eso se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia.
En concreto, y según las voces del sector sindical, los trabajadores de sueldos altos van a las prepagas y en las obras sociales quedan los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.
En la Confederación General del Trabajo (CGT) respiran con alivio. Con el decreto que modifica el sistema de libre elección de la obra social, Alberto Fernández cumplió una de las promesas que le había hecho hace dos meses en la Quinta de Olivos y ahora espera que se concrete la otra: el pago $11.000 millones a las obras sociales para compensar los gastos del rubro discapacidad en educación y transporte.
Son dos medidas reclamadas por el sindicalismo para frenar el creciente desfinanciamiento del sistema de obras sociales y la dirigencia cegetista acumulaba malestar contra el Gobierno porque el Presidente asumió el compromiso de impulsar ambos pedidos el 6 de mayo, pero desde entonces estaban trabados.
En un año electoral con muchas dificultades, el jefe del Estado quiere sumar en las listas a candidatos provenientes de las filas gremiales para alinear a la dirigencia detrás del objetivo de ganar los comicios legislativos.
De acuerdo a lo publicado por el portal Infobae, en el pelotón de postulantes están desde ultrakirchneristas como Hugo Yasky (titular de la CTA oficialista) y Vanesa Siley (del Sindicato de Trabajadores Judiciales), diputados cuyo mandato vence en diciembre, hasta nombres que aportarán la CGT a través de Héctor Daer, uno de sus cotitulares, y el bancario Sergio Palazzo.
