Los trabajadores del restaurante Alé Alé, que desde diciembre de 2012 se autogestionan para evitar el cierre dispuesto por los dueños, este jueves firmaron un acuerdo que les permitirá quedarse otros 6 meses en el inmueble ubicado en Estado de Israel 4500, de donde quisieron desalojarlos en varias oportunidades.
“Los 40 compañeros estamos muy contentos con este final feliz. Fue un año muy duro pero terminamos ganando esta lucha”, aseguró Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa que recuperó esta empresa.
Además de comprometerse a dejar sin efecto la orden de desalojo, los propietarios del local convinieron firmar un contrato de alquiler de 6 meses, al término de los cuales los trabajadores desocuparán el inmueble sin más plazos.
A partir de allí, la idea es que el restaurante se mude para seguir funcionando en otro inmueble, a unas pocas cuadras.
“Lo vamos a reinaugurar con una buena fiesta en el nuevo local, donde Alé Alé va a seguir siendo lo mismo porque todos estamos dispuestos a que esto funcione a donde sea que vayamos”, agregó Toledo.
Por otra parte, los trabajadores acordaron con los expatrones -que no son los mismos que los propietarios del local- mantener el nombre y llevarse todos los bienes muebles, como parte de pago de los salarios e indemnizaciones adeudados.
Además, firmaron el acuerdo un grupo de legisladores porteños, así como representantes de la comuna 15, del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a título de garantes.
Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por los restaurantes Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentara el 28 de diciembre de 2012 cerrar los comercios mediante la presentación de concurso de acreedores.
La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio.
El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores, y días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó. Esta situación se volvió a repetir el 2 de diciembre pasado.