Al igual que ocurrió con Belgrano Cargas, el gobierno de Javier Milei proseguirá con su agenda de privatización de empresas públicas, comenzando con Intercargo, la compañía encargada de ofrecer servicios de rampas y traslado de equipajes, que enfrentó conflictos sindicales durante el año pasado. Desde el Ejecutivo indicaron que el proceso iniciará esta semana a través de un decreto que será comunicado en breve.
De manera similar a lo ocurrido con Belgrano Cargas, se emitirá un decreto de próxima publicación, que ya ha estado circulando entre los ministros, donde se especificará la forma en que el Estado se desprenderá de una empresa que, durante 2023 y el primer semestre de 2024, ha registrado superávit y que se encuentra sujeta a privatización conforme a la Ley Ómnibus.
Para el oficialismo, Intercargo ha representado un desafío considerable, dado que sus empleados, organizados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), dirigida por el enérgico Edgardo Llano, han llevado a cabo acciones de protesta en respuesta a la falta de acuerdos paritarios y al despido de trabajadores, lo que ha ocasionado asambleas que generaron discordia entre los pasajeros.
En realidad, el anuncio sobre la privatización de la empresa se realizó entre septiembre y noviembre del año pasado, con Milei mencionando en X que su conclusión estaba cerca. Además, el Gobierno, a través de la Resolución Nº 49/2024, estableció las normas para permitir que otras empresas obtengan autorizaciones con el fin de ofrecer servicios de rampa, transporte de equipajes y otras actividades en los aeropuertos para facilitar el transbordo de los pasajeros.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) sostienen que esta vez será la definitiva, y varios funcionarios involucrados en la privatización de empresas estatales han estado activos en los últimos días en Balcarce 50, revisando el decreto relacionado con Intercargo. Con una aclaración: desean que se amplíen las posibilidades para que el sector privado participe aún más.
La postura del sindicato
En los últimos días, Llano expresó su descontento con el comportamiento de los ejecutivos de la empresa. “Los directivos son deplorables y carecen de conocimientos sobre la compañía; su única preocupación es recibir su salario a final de mes”, afirmó. Ante la posibilidad de que la firma deje de ser administrada por el Estado, planteó “si se lleva a cabo la privatización, ¿quién vendrá a hacer caridad en Argentina aceptando condiciones no rentables? Nadie”. Desde luego, Llano y su equipo se opondrán enérgicamente a la decisión de la administración libertaria.