La exDefensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, se refirió a los mecanismos de selección del Defensor del Pueblo recordando que, por caso del fallo del tarifazo, la Corte Suprema de Justicia le indicó al Congreso que debe elegir, justamente, a quien desempeñe ese cargo, vacante hace más de siete años sin titular.
“Antes habría que modificar buena parte de la ley que rige la elección (24.284 y modificatoria), ya que el procedimiento vigente no es congruente con la misión y funciones que reza el propio artículo 86 ni es coherente con la madurez de nuestro pueblo, que pide –aún en temas menores- participación y audiencias públicas para saber de qué se trata”, abundó en argumentos Pierini en una columna de opinión de Infobae.
Y continuó: “La ley mencionada puso en cabeza de una Comisión parlamentaria la misión de designar al Defensor del Pueblo. Dicha comisión se constituye, en forma políticamente proporcionada, con 7 diputados y 7 senadores, presidida por el Presidente del Senado, y propone de uno a tres candidatos para ser Defensor. Tal decisión se toma por mayoría simple: con 8 de ellos alcanza. Así, todo transcurre a puerta cerrada en la mesa chica de la bicameral. La ley no prevé –tampoco lo impide– convocatoria a postulantes, ni publicación de antecedentes ni audiencia pública”.
Alicia Pierini también dio cuenta de los detalles de lo que considera el segundo paso del procedimiento: “Llevar los 3 nombres al recinto para la votación definitiva. Se requieren los dos tercios de los miembros presentes (no de la totalidad) para ungir un candidato entre los tres elegidos por la Bicameral. Si el primero no obtuviera los dos tercios, se vuelve a votar por los otros dos. Y si ninguno alcanzara los dos tercios, se hará un miniballotage entre los más votados. Como la mesa chica arregló la lista de los tres, todo queda en casa. Los 40 millones de argentinos, conocerán a su Defensor (votado a sus espaldas), con la designación ya consumada”.
“Otra inconsistencia –entiende la exsubsecretaria de Derechos Humanos de la Nación– es ilusionar al pueblo con que su Defensor será independiente y autónomo, cuando resulta que su remuneración depende de los presidentes de las cámaras, quienes también pueden hacerlo cesar en sus funciones. Casi como un empleado más del Congreso, pero con un privilegio envidiable: estar exento –por ley– del Impuesto a las Ganancias.
La exlegisladora, a su vez, se refirió a las competencias de la figura, que abarcan el control sobre el sistema administrativo del Estado y a las empresas de servicios públicos. Pero, “curiosamente”, no tiene competencia sobre el Poder Legislativo, el Judicial y los organismos de Defensa y Seguridad.
“Para ser Defensor del Pueblo basta con tener 30 años mínimo y ser argentino nativo o por opción, pero no se requiere ninguna escolaridad ni profesión. Con inteligente previsibilidad la norma le agrega al Defensor dos adjuntos que deberán ser abogados con más de ocho años de ejercicio y versados en derecho público. Menos mal”, apunta, irónicamente, Pierini, sobre otra de las “curiosidades” que las condiciones de designación traen aparejadas.
Además, se refirió a su propia figura, respecto a un posible nombramiento: “A los amigos que intentan proponerme para Defensora del Pueblo de la Nación, les agradezco de corazón, y les dedico estas líneas para que comprendan por qué no es viable. Las reglas de juego existentes son inaceptables. El Defensor del Pueblo fue pensado constitucionalmente desde otra concepción y otra utopía: la de una democracia consensuada y transparente. Un cargo de tanta responsabilidad no debiera ocuparse sin concursar, sin audiencia pública, sin garantía de autonomía y autarquía, sin sana lógica en las reglas de elección y de gestión”.
Por último, quien fuera también Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, consideró: “Hubo y hay mejores sistemas, como el de la Ciudad Autónoma, donde siempre se concursó, con currículum documentado y con avales, audiencia pública, comunicación abierta, para recién al final de ese proceso cerrar el acuerdo político legislativo”.
“Estamos aún a tiempo de pedir públicamente la modificación de la ley orgánica vigente, para que el próximo funcionario designado pueda ser coherente con los valores que deberá defender: equidad, democracia, paz y transparencia”, pidió.