La Cámara Federal porteña confirmó de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega. El fallo también ordenó -por mayoría- evaluar sanciones para los funcionarios de Sandra Pettovello, encabezados por la funcionaria Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois por la escandalosa audiencia que protagonizaron este jueves en los tribunales federales.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello, sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desconocer. Gianni le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al Gobierno de Javier Milei como manejar la política alimentaria.
“Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución. Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”, le escribió el juez Farah.
Pero los cuestionamientos también fueron para Grabois luego de la audiencia de este jueves. “Las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario”, advirtió.
“Pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas”, agregó.
El juez Irurzun repasó los términos de la causa y resaltó que “no es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilícito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonable”.
Sostuvo además que “no es un dato menor” que el Ministerio de Capital Humano había adjuntado las fotografías e informe de stock de los depósitos, luego de que el titular del juzgado contencioso resolviera rechazar la cautelar solicitada -el 15 de mayo pasado- que la fiscalía trajo a colación lo allí actuado para reclamar en esta causa una medida de similar naturaleza. “Para entonces, cabe recordar, no se contaba con la información correspondiente a las fechas de vencimiento, las cuales recién se conocieron cuando el Ministerio de Capital Humano respondió el requerimiento”, precisó.
En ese contexto, Irurzun resaltó: “Esta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquél fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilícitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño.
Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa.
PD: bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas. pic.twitter.com/zcoKrcDhYD
— Juan Grabois (@JuanGrabois) June 5, 2024
“Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”.
A su turno, el juez Boico afirmó: “Mientras se profundizaba la investigación en derredor de cuestiones atinentes a la ejecución presupuestaria, los mecanismos, los procesos, las normativas y el estado de situación de la asistencia hasta entonces brindada por el Estado, se tomó conocimiento de la existencia de importantes cantidades de alimentos almacenados en depósitos del organismo denunciado que parecían hallarse ociosos, pese a los múltiples reclamos presentados por las entidades comunitarias a consecuencia de la realidad acuciante que atraviesa un sector importante de la población”.
“Esto último fue lo que llevó al juez a receptar parcialmente la pretensión de la fiscalía, solicitando con premura al Ministerio de Capital Humano que elaborara un plan de entrega de acuerdo a las características, fechas de vencimiento y destino de los productos y, como es lógico, se otorgó un plazo acotado, pero razonable, para su cumplimiento. A contrario de lo afirmado, no se le indicó al organismo que procediera a la inmediata entrega de los productos a actores determinados, sino que se le pidió la inmediata presentación de un plan conteniendo el cronograma a ejecutarse”, afirmó.
Así el juez le contestó a Gianni. “A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario”.
Pettovello, después de corroborar que esta persona no pertenece a la custodia de Comodoro Py le pregunto ¿Por qué había (al menos) una persona de civil de su grupo de "seguridad" con un arma de fuego dentro y fuera de la sala de audiencias? ¿No sabe que eso está estrictamente… pic.twitter.com/V3EBSj8QsY
— Juan Grabois (@JuanGrabois) June 5, 2024
Las críticas contra Grabois y Gianni
Este martes se llevó adelante la audiencia donde la funcionaria de Capital Humano había adelantado que se presentaría personalmente para explicar los motivos de la negativa para entregar alimentos. Allí también estaba Grabois, en calidad de querellante. Luego de un comienzo caldeado, ambos se encontraron fuera de la audiencia y, entre gritos y chicanas, se volvieron virales por ese momento.
A partir de este comportamiento, los jueces realizaron un llamado de atención sobre ambos al Colegio de Abogados y al propio ministerio donde Gianni se desempeña. Es por ello que ordenaron “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.
La Justicia abrió una causa penal por los contratos con la OEI
Por otra parte, el fiscal federal Ramiro González abrió este miércoles una causa penal para investigar la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se trata de la denuncia que el propio ministerio presentó contra el ex funcionario de esa cartera Pablo De la Torre por presuntas irregularidades en las contrataciones y el uso de dólares para pagar los sueldos.
El fiscal para iniciar la causa le solicitó a Capital Humano “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI y citó a declarar como testigo para el jueves de la semana que viene a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio.
“El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”, sostuvo el fiscal en su dictamen.
La denuncia que presentó Capital Humano hablaba de irregularidades dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que hasta la semana pasado estaba a cargo de De la Torre y que fue echado por Pettovello tras la polémica por los alimentos almacenados en dos depósitos.
