Tras largas semanas de negociaciones frenéticas en la Cámara de Diputados culminaron hoy con la firma del dictamen del proyecto Ley Bases, que quedó listo para ser debatido en el recinto entre lunes y martes de la semana que viene.
Los cambios más resonantes fueron la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas que se pueden privatizar, el recorte del capítulo de defensa de la competencia y la eliminación de los artículos relacionados con la consolidación de los títulos públicos en manos del el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por su parte, la oposición adelantó que impulsará la reincorporación en el recinto del capítulo sobre impuestos al tabaco, que sube de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno (el Gobierno lo había quitado alegando “falta de consenso”).
En el caso del Banco Nación, y sus seis empresas subsidiarias como Nación Seguros y Nación Reaseguros, el Gobierno llegó ayer a la conclusión de que no alcanzaría los votos para aprobarlo en el recinto. Ante el temor de que empiecen a caer artículos rechazados, como ocurrió en febrero, optaron por posponer el tema.
Tanto el peronismo como la izquierda protestaron porque al inicio del plenario no conocían el texto final. “No sabemos qué estamos discutiendo, se incluyó a última hora una reforma laboral de la que no tenemos información”, se quejó Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. Además, desde Unión por la Patria alertaron sobre la influencia de los lobbys para torcer las negociaciones. “Los libertarios no hablan porque no saben qué defender”, arremetió Martín Soria.
El texto del oficialismo contó con 61 firmas de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del Pro. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias en diferentes puntos. En el caso de los radicales, principalmente en torno a la reforma laboral, ya que impulsaban varios artículos muy rechazados por el sindicalismo, como la eliminación de la cuota solidaria o la declaración de la educación como servicio esencial para limitar los paros. Las disidencias de Hacemos giraban en torno al capítulo del tabaco y a la consolidación de las deudas con las cajas previsionales no transferidas en el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Finalmente el capítulo sobre el FGS fue retirado por completo.
Privatizar o no privatizar
El listado de empresas que podrán ser privatizadas, uno de los temas que despertó mayores conflictos, fue drásticamente reducido. Solo Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E., e Intercargo podrán ser vendidas por completo.
Por otro lado, serán privatizadas en forma parcial o concesión AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), podrá organizar un programa de propiedad participada o incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
Impuestos al tabaco
El capítulo del tabaco, que elimina el impuesto mínimo y aumenta de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno, no está en el dictámen de mayoría pero el oficialismo acordó incluirlo durante el debate en el recinto. El poder de lobby de Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, fue reiteradamente mencionado por la oposición para denunciar la reticencia del Gobierno y el PRO para volver a incluir el capítulo en el proyecto.
Fondos fiduciarios
En cuanto a los fondos fiduciarios -tema que desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero- aceptaron que si son eliminarlos se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a la masa coparticipable (no al Tesoro). En definitiva, serán recursos que recuperan las provincias.
Otras concesiones
Durante la semana, ante el pedido de la UCR y Hacemos, el oficialismo había aceptado ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrá disolver ni intervenir. Se sumarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).
Los representantes de la Casa Rosada también decidieron eliminar por completo el artículo 143 (ex 71 y ex 70 en versiones anteriores del borrador) ante el rechazo de la oposición, que insistía en que la redacción era demasiado amplia. El polémico artículo “pro competencia” facultaba al Ejecutivo a derogar o cambiar cualquier normativa que distorsione los precios, genere escasez o cause sobre costos.
Por otro lado, la eliminación de la moratoria previsional, que permite jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aporte, será complementado con la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que permita cobrar una cifra acorde a la cantidad de años de aporte. La fórmula será: Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo (si el cálculo no llega a la PUAM, igualmente cobrará ese mínimo).
Finalmente, respecto al régimen para fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos (RIGI), la Casa Rosada no quiso bajar el mínimo de USD 200 millones para incluir a empresas de menor envergadura pero aceptó que quienes entren al régimen paguen dividendos: un 7% durante los primeros 7 años y 3,5% en adelante.
Reforma laboral
La reforma laboral que impulsa el Gobierno, en acuerdo con un sector de la oposición, sufrió esta tarde un nuevo recorte en sintonía con los reclamos de la CGT: en el dictamen de la Ley Bases aprobado por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, fue eliminado el artículo 98 del borrador del Poder Ejecutivo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
La decisión fue adoptada luego de un pedido de Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, con el argumento de que no había que incluir en el proyecto “nada que afecte a la CGT”. El Gobierno ya había eliminado del capítulo laboral de la Ley Ómnibus los artículos más irritativos para el gremialismo, pero quedaba uno que esta tarde también se quitó del texto y que ahora festejarán los sindicatos que realizan bloqueos contra las empresas:
Artículo 98°.- Incorpórase al Código Penal, como artículo 149 quater, el siguiente: “Artículo 149° quater.- Será reprimido con seis (6) meses a tres (3) años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de un (1) año a cuatro (4) años de prisión”.
En realidad, el Gobierno ya había aceptado aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, en el último borrador de la reforma laboral, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció otro artículo sobre el mismo tema que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.
Se eliminó, además, la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas y un artículo que ponía en jaque dos puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo vigente: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno también accedió a quitar del nuevo borrador los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.
Quedaron, en cambio, aquellos que no objeta el sindicalismo: la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden paritarias una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Por esas cuestiones de la política, la fuerte iniciativa de Pichetto en favor de la CGT también involucró a diputados de su bloque que mantenían una postura crítica hacia el sindicalismo, como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Mónica Fein (socialismo) y Margarita Stolbizer (GEN), Emilio Monzó, Nicolás Massot y Florencio Randazzo, entre otros.
En el plenario de comisiones, los diputados de la UCR acompañó con disidencias el dictamen de la mayoría: las diferencias tuvieron que ver con el Impuesto al Tabaco, el Régimen para Grandes Inversiones y las cuotas solidarias, punto que se eliminó del proyecto como una concesión a la CGT y que el radicalismo, en un proyecto de ley propio, proponía directamente su prohibición.
La sesión está prevista para el próximo lunes y probablemente se extenderá hasta la madrugada del miércoles 1 de mayo. Ese día se movilizará la CGT en el marco del Día del Trabajo.
