Los escasos resultados de justicia rápida y transparente para casos de corrupción motivó la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto impulsado por la diputada por la Ciudad Laura Alonso (PRO) que, reproduciendo casi idénticamente una propuesta del legislador macrista Helio Rebot presentada hace más de un año en la Legislatura, impulsa el establecimiento del sistema de juicios por jurados para los casos de delitos contra la administración pública.
Según explica la autora del proyecto, la iniciativa busca “avanzar en la independencia judicial del poder político de turno, imponiendo la obligación de que los funcionarios imputados por hechos de corrupción sean juzgados por jurados populares”, ante “las escasas condenas frente a denuncias de corrupción que involucran a funcionarios públicos”.
La propuesta de la diputada macrista plantea que los delitos contra la Administración Pública (cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) sean juzgados por un juzgado de 12 ciudadanos mayores de 18 años, bajo la dirección del juicio de un juez.
En la presentación para su tratamiento en el Congreso Nacional Alonso reclama “un profundo cambio en el sistema jurídico”, destaca que en el actual sistema de justicia “existen pocas condenas por los delitos de corrupción, finalizando las causas por prescripción o por absolución” y que en “muchas ocasiones sucede que existen jueces que deciden archivar las causas, o simplemente dejar transcurrir el tiempo a efectos de lograr su prescripción”.
El proyecto presentado por la ex titular de Poder Ciudadano en el Congreso, donde el macrismo es una minoría, es muy similar -por no decir casi idéntico- a otro proyecto presentado también desde la bancada del PRO hace más de un año en la Legislatura porteña por el legislador Helio Rebot.
La iniciativa de Rebot, se apoya en que las causas por delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios porteños es uno de los delitos transferidos de la Nación a la Ciudad en espera de ser aceptados por la Legislatura.
Mientras el proyecto de Alonso apunta al enjuiciamiento de los funcionarios nacionales, el texto impulsado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad plantea que los funcionarios locales enfrenten en la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. En ambos casos se propone un juicio por jurado, pero mientras en el Congreso se plantea un tribunal integrado por un juez y un jurado de 12 miembros mayores de 18 años, la iniciativa porteña que espera su tratamiento hace meses propone la conformación de un tribunal integrado por 7 vecinos de la Ciudad mayores de 25 años y menores de 70 y con educación secundaria.
En ambos proyectos quedan excluidos funcionarios de cualquier jurisdicción, eclesiásticos de cualquier culto, abogados, escribanos y procuradores, quienes ocupen cargos partidarios y quienes cuenten con antecedentes penales.
