Ante las dificultades para alquilar una vivienda en la Ciudad y las elevadas comisiones que se debe abonar para acceder al contrato de locación, desde distintos espacios políticos elaboraron propuestas para regular el mercado.
En la Legislatura porteña desde hace tiempo se encuentra un proyecto de Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) que establece que la comisión de inmobiliaria no puede superar un mes de alquiler y que debe ser pagado en partes iguales por el propietario y el inquilino.
Además, propone crear un fondo para inquilinos con el impuesto especial a viviendas ociosas viviendas desocupadas por más de un año. También plantea ayudar económicamente a familias de primer alquiler o a familias sin garantía propietaria, con los recursos que genere el fondo de recaudación de ese impuesto.
Asimismo, el proyecto apunta a fijar un valor de referencia para los alquileres en territorio porteño. Puntualmente sugiere que la cifra no supere al 0,7% del valor inmobiliario de referencia del inmueble.
En el mismo sentido, existe otra iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso. El proyecto de la diputada nacional Victoria Donda (UNEN) propone modificar la ley de locaciones urbanas en la Ciudad.
El texto contempla la ampliación del plazo mínimo de locación de 2 a 3 años. Dicho plazo sólo es a favor del inquilino quien tendría derecho a rescindir el contrato antes de lo fijado, se señala en el texto. Además, establece que el propietario no podrá exigir más que una garantía.
La autora del proyecto subrayó que “en la Ciudad de Buenos Aires alrededor del 20% de las viviendas se encuentran desocupadas, sin embargo el 32% de las familias de la ciudad habitan viviendas alquiladas. También se ha duplicado en la última década los habitantes de las villas de la ciudad, todos estos datos nos obligan a tomar muy en cuenta la regulación de los contratos de alquiler”.
Por último, en la Ciudad se conformó una Red de Inquilinos, que propone la creación de una ley que defienda los derechos de los inquilinos. La agrupación fue impulsada por el Movimiento Popular La Dignidad, Patria Grande, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Su propuesta también apunta a ponerle un límite a los precios y a establecer un impuesto a la vivienda ociosa. Por otro lado, propone la creación de la Defensoría de los inquilinos y del Ministerio de Vivienda.
