Fuentes judiciales informaron a DyN que el legislador solicitó que el planteo sea tratado durante la feria judicial de enero y que se dicte una medida cautelar que suspenda el aumento del servicio de grúas que está en manos de empresas privadas.
El gobierno porteño dictó la Resolución Conjunta 8/MJGGC/14 por la cual se aumentó un 29 por ciento la tasa de acarreo y remoción de vehículos por parte de las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I), que quedó en 580 pesos.
Ramal sostuvo que “el valor del acarreo aumento más de diez veces desde que la actual administración del gobierno porteño inició la escalada de aumentos de esa tasa”, ya que pasó de 56,7 pesos en diciembre de 2007 a los actuales 580 pesos.
“Ese incremento más que duplica a la evolución de la tasa de inflación, incluso medida a través de indicadores ‘no oficiales'”, sostuvo el amparo que patrocinan las abogadas Liliana Alaniz y Valeria Díaz.
Para Ramal el aumento, que calificó de “abusivo”, busca “revestir al acarreo de un carácter sancionatorio, o sea, de una multa encubierta”, ya que la persona que cometió una infracción paga una multa por eso.
La causa quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Darío Reynoso, quien comenzó a darle trámite al amparo.
El magistrado pidió opinión a la Fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar la feria judicial para analizar el planteo.
Ramal también explicó que en noviembre de 2011 la Legislatura de la ciudad aprobó la ley 4003 en la que se estableció el marco regulatorio del servicio de estacionamiento regulado de la ciudad y en la que se fijó la creación de siete playas de acarreo.
Las entidades de defensa al consumidor pusieron el grito en el cielo
Fuks criticó la medida
El legislador Gabriel Fuks se refirió al tema y obervó que “en cinco años, el subsecretario de Transporte no mostró la capacidad necesaria para resolver el servicio de acarreo en la Ciudad, sino que lo agravó año tras año aumentando las tarifas que recaen directamente en el bolsillo de los porteños. Él mismo reconoce la ineficacia y la falta de solvencia propia y de la gestión”.
“Dietrich prefiere trasladar los altos costos operativos de dicho servicio a todos nosotros, los que vivimos y transitamos la Ciudad”, fustigó Fuks.
Por último, el legislador kirchnerista dijo que Dietrich “tampoco explicó porqué la necesidad de subsidiar a ambas compañías, que en el 2014 percibieron una suma superior a los 55 millones de pesos. Ni cómo resolverá el Gobierno porteño la relación contractual que, hace 13 años, roza la ilegalidad”.