En marzo del año próximo vencen los mandatos de las actuales autoridades del Ministerio Público porteño, y el proceso iniciado semanas atrás para designar a los futuros titulares de la fiscalía, la defensoría y la asesoría tutelar está siendo fuertemente cuestionado por varias organizaciones de la sociedad civil que, principalmente, ponen en duda la idoneidad e independencia de los candidatos propuestos por el macrismo.
Frente a esta situación, y ante la inminente realización de la audiencia pública en la Legislatura el próximo viernes 6 de diciembre, cinco ONG’s se presentaron ante los tribunales porteños este martes, para plantear una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por violación al derecho a la información pública, libertad de expresión y participación sustantiva de la ciudadanía en el procedimiento de designación de los magistrados del Ministerio Público de la Ciudad.
El fiscal general, Germán Garavano, el defensor general, Mario Kestelboim, y la asesora general tutelar, Laura Musa, cumplirán sus 7 años de mandato en tres meses y sus sucesores ya fueron señalados: el legislador Martín Ocampo, a propuesta del PRO y Daniel Angelici aspira a comandar a los fiscales porteños, el juez de la Cámara CAyT Horacio Corti, apoyado por sectores K, se postula para marcar la línea de la defensa pública, y la titular del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Yael Bendel, con el respaldo de María Eugenia Vidal, buscará asumir la defensa de derechos de menores e incapaces.
Si bien estos tres candidatos surgen de un acuerdo tácito entre el bloque PRO y el interbloque K para conseguir los 40 votos necesarios para las designaciones, en el amparo se cuestiona la forma en que se está llevando a cabo el procedimiento y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo ante las impugnaciones planteadas semanas atrás contra los candidatos macristas Ocampo y Bendel.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Directorio Legislativo, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano, en la presentación judicial efectuada este martes, demandaron al Poder Ejecutivo de la Ciudad por haber incumplido el procedimiento participativo para la presentación de impugnaciones, haber omitido considerar las observaciones que formularon respecto de los candidatos a la Fiscalía General de la Ciudad -Martín Ocampo- y a la Asesoría General Tutelar -Yael Bendel-, y no haber hecho públicos los argumentos que lo llevaron a sostener dichas candidaturas. Asimismo, demandaron a la Legislatura por haber continuado dicho procedimiento, ignorando en forma explícita la petición que le formularon para que subsane dicha violación normativa y extienda los plazos para nuevas impugnaciones.
Como objeto de la acción judicial presentada, las organizaciones solicitaron al Poder Judicial que ordene al Poder Ejecutivo y a la Legislatura que cumpla con el debido procedimiento para la designación de los titulares del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente, requirieron se ordene al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que publique el mensaje previsto en el artículo 8 del Anexo al Decreto 381/2012 -incluyendo las razones por las que se eligieron los candidatos propuestos- en el Boletín Oficial y sitio Web oficial del Gobierno de la CABA.
A su vez, solicitaron al Poder Legislativo que una vez cumplida dicha publicación, reinicie la etapa de recepción de impugnaciones con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda realizar las presentaciones que considere pertinentes, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Jefe de Gobierno para desestimar las impugnaciones presentadas ante la Subsecretaría de Justicia.
Según informaron las organizaciones amparistas en un comunicado de prensa, “han cumplido el procedimiento previsto por el decreto 381/12 para presentar observaciones ante el Poder Ejecutivo respecto de las pre-candidaturas para ocupar cargos en el Ministerio Público”, y resaltan que “el procedimiento establecido por dicho decreto requiere que una vez evaluadas las observaciones presentadas por la ciudadanía, y antes de remitir dichos pliegos a la Legislatura, el Jefe de Gobierno publique en el Boletín Oficial las razones por las cuales sostiene la propuesta, pese a las observaciones recibidas”.
“En tanto el Jefe de Gobierno ha incumplido la obligación de publicidad impuesta por el Decreto 381/12, el Poder Ejecutivo no permitió que conocieran las razones por las cuales se descartaron los argumentos ofrecidos en el marco de sus impugnaciones y se resolvió sostener las candidaturas. Asimismo, al no contar con dicha información, las organizaciones no estuvieron en condiciones de fundar adecuadamente ante la Legislatura los motivos por los cuales impugnaron a los candidatos, y es por ello que su derecho a la participación sustantiva se está viendo vulnerado”, sostiene el comunicado de las ONG’s.
A su vez, y por las mismas razones, las organizaciones consideran que la omisión vulnera el derecho a la participación de la ciudadanía en general, que es uno de los pilares básicos de la organización institucional establecida por la Constitución de la Ciudad, además de constituir el fundamento mismo del Decreto 381/12, dictado por el propio Jefe de Gobierno.
“La Fiscalía General de la Ciudad y la Asesoría General Tutelar son dos organismos judiciales de suma relevancia para el control de la gestión pública y la defensa de los derechos y garantías de quienes habitamos la Ciudad. Por ello, quienes los encabecen deben garantizar la mayor idoneidad técnica, independencia de criterio, y un perfil proactivo para el cumplimiento de su misión”, afirman los amparistas.
“En el marco de la democracia participativa que prevé la constitución de la Ciudad, resulta fundamental que quienes impugnamos a los candidatos propuestos por su falta de idoneidad y/o independencia, podamos conocer la forma en que nuestras observaciones han sido ponderadas. El desconocimiento exhibido por el Poder Ejecutivo resulta un absoluto desprecio al procedimiento participativo declamado. Es por ello que nos vimos en la ineludible necesidad de llevar nuestro caso a la Justicia, y esperamos que por dicha vía se cumplan los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones que los representantes del pueblo les prometieron a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”, remarcan desde ACIJ, una de las organizaciones que recurrieron a la Justicia.
Según informaron fuentes judiciales a Noticias Urbanas, el amparo quedó en manos de la titular del juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrea Danas, Secretaría 18, bajo el número de expediente 79320/2013.
En el caso que la jueza conceda lo solicitado en el amparo y resuelva dictar una medida cautelar ordenando la suspensión de la Audiencia Pública prevista para el viernes 6 de diciembre, resultaría imposible que la designación de las nuevas autoridades del Ministerio Público de la C.A.B.A. sea sometido a votación con la actual conformación legislativa. De rechazarse el dictado de una medida cautelar, la audiencia pública se celebrará de acuerdo al cronograma establecido, y podría llegar el lunes 9 al recinto el dictamen proponiendo la designación de los candidatos Ocampo, Corti y Bendel, lo que hará caer en abstracto el reclamo del amparo.
