El sociólogo Andrés Pérez Esquivel es miembro de la Asociación Pensamiento Penal y del equipo Verde al Sur. Realizó varios informes sobre la actuación de la Policía Metropolitana desde su creación y, en diálogo con Noticias Urbanas, explicó cómo es la situación de los militares en la fuerza.
–Teniendo en cuenta el planteo original de la Policía Metropolitana, ¿cómo se puede interpretar que estén incorporando militares a pesar de que hay normativa local y nacional que lo prohíbe?
–La Metropolitana tiene cosas muy buenas, más o menos, malas e ilegales. Lamentablemente, es muy difícil hacer un balance entre lo bueno y lo malo si no se parte de la base del cumplimiento de la idea original expresada en la ley. Si el Pro quiere seguir hablando de policía preventiva de proximidad tendría que derogar el decreto que permite la entrada de militares en ejercicio a la fuerza en cantidades indeterminadas, decir cuántos militares tiene hoy en sus filas, qué tareas cumplen y demostrar que los incorporados perdieron su estado militar y que realizaron cursos de adaptación a tareas policiales. En paralelo, para respetar el derecho de la ciudadanía a una seguridad democrática, deberían crear protocolos mínimos de actuación en manifestaciones, de evaluación psicológica de los postulantes, de rescate de víctimas, etcétera. O bien sumarse a los que adhirió el resto del país.
–¿Por qué son importantes los protocolos policiales específicos?
–Porque significan que hay un compromiso institucional para respetar los derechos humanos más allá de las gestiones. Si una policía no tiene protocolos de principios mínimos de actuación y golpea por golpear es grave. Si, además, entre los operadores de esas decisiones políticas hay efectivos que ya estaban siendo investigados o que ingresaron contra la ley es muy grave. Y si, encima, estos últimos son militares entrenados para matar, la situación es gravísima. Los resultados están a la vista: Indoamericano, Parque Centenario, Sala Alberdi, hospital Borda y barrio Papa Francisco. A pesar de la asimetría del poder de coacción, no hubo gradualidad ni racionalidad en el uso de la fuerza, se usaron balas de plomo, hubo muertos, se atacaron familias, pacientes hospitalarios, médicos, periodistas y hasta legisladores que estaban mediando.
–Pero hay casos extremos en los que las fuerzas especiales tienen que intervenir con violencia, ¿se pueden establecer protocolos para esas situaciones?
–Siempre hay contingencias imponderables. Los protocolos son criterios guía para brindar certeza de la legalidad del accionar a los funcionarios y para reducir el margen de discrecionalidad que tiene toda fuerza policial, con el objetivo de mejorar la calidad, la efectividad y la confianza. Un gobierno que necesita cada vez menos del uso de la violencia legítima que monopoliza es un buen gobierno, en especial en lo que hace a conflictos de índole social. El año pasado me entrevisté con Luiz Eduardo Soares, exsecretario de seguridad de Río de Janeiro y de Brasil, y me comentó que en su gestión creó protocolos para el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) de la Policía Militar de Río de Janeiro. Cómo puede ser que la fuerza militarizada y sanguinaria de la película Tropa de elite tenga sus protocolos y la policía de Buenos Aires, presentada como vecinal y para la prevención comunitaria, no tenga los suyos.