Una vez que se conocieron las declaraciones exculpatorias que realizó Ibar Pérez Corradi, detenido en las cercanías de la Triple Frontera, en las que éste derivaba la culpa que la Justicia argentina echó sobre él hacia el exjefe de Gabinete de Cristina, Aníbal Fernández, éste salió a denunciar una “persecución” del Gobierno en su contra.
Los autores del triple crimen de General Rodríguez, que le costó la vida a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina -los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci- fueron sentenciados a prisión perpetua en primera y segunda instancia por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Mercedes, un dictamen que luego quedó firme cuando fue corroborado por la Cámara de Casación Bonaerense.
Pérez Corradi llegaría a la Argentina aproximadamente en un mes e inmediatamente debería ser juzgado por el crimen, ya que se profugó en aquella ocasión de la Justicia. Las circunstancias vuelven vidriosas sus afirmaciones actuales, ya que llegaría a la Argentina sólo para cargar con la culpa por las muertes que sus supuestos cómplices ejecutaron, sobre las cuales él mismo está acusado de haber ordenado. En esas circunstancias, era esperable que derivara su responsabilidad sobre alguien más y eso es lo que está ocurriendo ahora. Además la acusación de Pérez Corradi contra Fernández suena como música en los oídos de un gobierno que está acusando a sus antecesores de todos los crímenes imaginados.
Fernández dijo que funcionarios del Gobierno de Cambiemos persiguen a aquellos que -como él- luchan “por un modelo inclusivo, incluyendo artistas y militantes”, por medio de varios mensajes posteados en la red del pájaro azul.
Pérez Corradi, que acusó a Fernández -sólo oralmente, hasta ahora- de haber sido el autor del triple crimen que se le atribuyó a él mismo, prometió venganza contra el “traidor”, como calificó al exfuncionario.
Después de conocidas las declaraciones de Pérez Corradi, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que “si yo fuese Aníbal Fernández, estaría preocupada”, para luego agregar que “habrá que ver si Pérez Corradi acepta ser el último eslabón de la cadena o si va para arriba” echando la culpa sobre el exjefe de Gabinete.
En su defensa, Fernández no identificó con nombre y apellido a sus ofensores, aunque cargó las tintas sobre Carlos Melconián, por haber “demandado a su propio país en el juzgado de Griesa”, en el juicio en el que los fondos buitre litigaron contra nuestro país al no aceptar la reestructuración de la deuda efectuada en 2005 y 2010.
Fernández También cuestionó que la titular de la Oficina Anticorriupción, Laura Alonso sólo haya calificado como “complicado” el “el evidente conflicto de intereses de Aranguren”, que antes fue presidente de Shell Argentina y ahora se desempeña como ministro de Energía y Minería de la Nación, una función desde la que debe negociar y tomar decisiones que afectan directamente a sus antiguos empleadores.
