El Gobierno de la Nación, anunciará este miércoles, la creación del “Registro de Barrios Populares”. El proyecto permitirá la entrega de certificados de domicilios a un una cifra estimada de un millón y medio de personas que viven en villas y asentamientos de todo el país.
La propuesta lleva el nombre de “Certificado de Vivienda Familiar”, y podrá tramitarse ante Anses. Servirá para acreditar domicilio ante cualquier autoridad y solicitar servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, red de gas.
Desde el Gobierno, declararon que de esta manera, van a estar todos los argentinos en una situación de igualdad ante el Estado.
Asimismo, agregaron que “hoy a muchos se les complica consignar un domicilio porque en muchos organismos no les reconocen cuando dicen que viven en asentamientos”.
También, sostuvieron que “por primera vez el Estado les va a reconocer que viven ahí, que tienen un domicilio”.
El documento será válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial o municipal, empresas privadas y para declarar como domicilio legal o fiscal ante la AFIP.
Por otra parte, desde Casa de Gobierno confirmaron que no representa un paso previa a extender escrituras, ni títulos de propiedad, ya que “es un proceso más complejo”, porque en la mayoría de casos las viviendas están ubicadas sobre predios privados o terrenos fiscales. En consecuencia, para desalentar nuevas tomas, sostienen que la letra del decreto advertirá que podrán acceder a ese registro los que vivan en barrios conformados en la actualidad e incluirán a los que aún no pudieron ser “censados”.
El presidente Mauricio Macri decidió que no habrá acto oficial para que no sea interpretado como una medida electoralista, no obstante, se pondrá al frente del anuncio en su primer día con agenda tras su regreso de la gira por Asia.
El decreto reglamenta el “Registro de Barrios Populares”, producto del relevamiento que se hizo desde septiembre del año pasado en 4100 asentamientos, y que en el Gobierno consideran “inédito” ya que “por primera vez en la historia se hizo un sondeo casa por casa de todos los barrios populares del país”. Dichos asentamientos, se encontraban en condiciones de hacinamiento y precariedad.
El trabajo estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley y de la Anses de Emilio Basavilbaso; y contó con la participación clave de tres de los movimientos sociales más grandes: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
También, contaron con la colaboración de la organización no gubernamental TECHO y de la Iglesia, a través de Cáritas Argentina.
“Sin la ayuda de las organizaciones, hubiera sido imposible”, admiten en el Gobierno. Por otro lado, sostienen que, aproximadamente, medio millón de personas podrán acceder a este registro.
La extensión de los documentos comenzará el 8 de junio con una prueba piloto en las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y San Isidro; y en la ciudad de Corrientes. Luego, se extenderá al resto del país. Si bien será previo a las elecciones, en el Gobierno aseguran que no esconde intenciones electorales. “A nadie se le va a pedir contraprestación alguna”, sostienen.
Este proyecto es complementario con la urbanización de las 100 villas propuesto por el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, que alojen menos de 10 mil habitantes. Se estima que unos 7 mil millones de pesos serán invertidos en este plan.
