En un fallo dividido, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al pedido de los abogados de Cristina Kirchner y ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que investigue los celulares de las asesoras del diputado del Pro, Gerardo Milman. Las comunicaciones que se peritarán serán las del período que comprende desde el 1° de julio hasta el 1° de diciembre.
Con esta decisión buscarán determinar si existen mensajes que den cuenta que el legislador conocía información de antemano sobre el intento de magnicidio a la expresidenta, que ocurrió en la noche del 1° de septiembre de 2022.
Las asesoras del funcionario negaron los dichos de un asesor legislativo del Frente de Todos (FdT), Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado a Milman en el bar Casablanca, ubicado frente al Congreso de la Nación, dos días antes del ataque, decir: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”.
Vale recordar que la jueza Capuchetti rechazó secuestrar los teléfonos de las testigos y desde ese entonces la titular del Senado buscó apartar a la magistrada al frente de la causa. Por una decisión de dos votos contra uno, la Cámara habilitó el análisis de los móviles, aunque la duda que se había generado era el período durante el cual se estudiarían las comunicaciones.
En un principio se había fijado un lapso limitado al 30 de agosto, día en el que Milman dijo la supuesta frase, pero la querella reclamó que se analice desde el 1° de julio porque si el legislador o sus asesoras sabían algo, tuvieron que haberlo mencionado antes.
Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Cristina Kirchner, adelantó que no se violaría la privacidad de las colaboradoras del funcionario del PRO ya que no se accederán a mensajes que no estén vinculados al foco de la investigación.
Al mismo tiempo recordó las contradicciones de las mujeres en el caso: una de ellas dijo que había borrado la información de su teléfono y la otra que cambió de teléfono. Sin embargo, el material ya fue extraído de los celulares.
La decisión de la Cámara Federal porteña
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi expresaron en el escrito: “Luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado”.
Y añadieron: “En igual sentido consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad- la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
Por su parte, el juez Mariano Llorens votó en disidencia: “Existe un viejo principio que expresa que: todo puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando ello sea útil para corroborar una hipótesis criminal concreta y que se lo haga sin vulnerar garantías constitucionales. Resulta innegable que, dentro del procedimiento penal, junto a las pruebas directas, la de indicios constituye uno de los medios más eficaces para la búsqueda de la verdad que la justicia procura. Y sobre la base de este tipo de prueba es que se está trabajando en este proceso, en el límite mismo de una hipótesis anunciada por la Querella que -con los elementos hasta ahora recabados- aparece lejana”.