La Cámara Federal porteña le pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que cierre la instrucción del caso que investiga el atentado a la vicepresidenta, y que eleve a juicio a los procesados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, el jefe de los “Copitos”.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens respondieron a un pedido del abogado de Carrizo, que había reclamado por el cese de la detención de su defendido.
Los jueces decidieron entonces que la mejor respuesta a ese reclamo era apurar el cierre de la investigación y que el expediente pase a manos de un Tribunal Oral.
En palabras de Llorens, “más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.
Sus colegas Bruglia y Bertuzzi firmaron un voto conjunto en el mismo sentido.
Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la Vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.
De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a “riesgos procesales” como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.
La Vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes hicieron la pata financiera.
Las dos asesoras que compartieron esa mesa con Milman declararon ante la jueza y negaron que eso fuera cierto pero la querella de la Vicepresidenta insiste con más medidas de prueba como ser el análisis de los teléfonos del diputado y esas personas, entre otras medidas.
También apunta al financiamiento y en ese sentido reclama la Vicepresidenta que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el Presidente.
En ésta causa, en manos de otro jueza, la Vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jhonatan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.