El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó este jueves un allanamiento en las oficinas de la empresa “Caputo Hermanos” en el marco de la causa que investiga el financiamiento a la agrupación Revolución Federal. El procedimiento se realizó en Santa Fe al 1300.
El magistrado también ordenó la detención del líder de Revolución Federal, Jonathan Ezequiel Morel, y de otras dos personas: Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.
La firma “Caputo Hermanos” se presentó el miércoles en la causa a través de su abogado, Matías Cuneo Libarona, y negó haber financiado a la agrupación Revolución Federal. Sobre las transferencias a la carpintería de Jonathan Morel, la empresa sostuvo que se trató de dos proyectos de carpintería “ya ejecutados y concluidos”.
“Dentro de los proyectos desarrollados y ejecutados por la firma, en particular los proyectos de Espacio Añelo (Provincia de Neuquén) y Santa Clara Al Sur (Provincia de Buenos Aires) se contrató a la carpintería del Sr. Jonathan Ezequiel Morel para la realización de un trabajo dentro del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Santa Clara al Sur y la confección e instalación de una parte del mobiliario de los departamentos del edificio Espació Añelo”, dice el escrito entregado anoche en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
La empresa “Caputo Hermanos” tiene dos accionistas: Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo.
La presentación judicial lleva la firma de Flavio Luis Nicolás Caputo, hermano mayor de Luis “Toto” Caputo (exministro de Finanzas de Mauricio Macri ) y presidente del directorio de Caputo Hermanos SA, una desarrolladora inmobiliaria con más de 20 años en el mercado.
La firma explicó ante la Justicia que el trabajo encargado se pagó a través de varias facturas porque Morel “se valió de un equipo de trabajo con colegas suyos. Luce descabellado pretender relacionar la actividad habitual y comercial de la empresa con un supuesto financiamiento de presuntas actividades delictivas de una organización completamente desconocida, de la cual sería partícipe uno de los más de 250 proveedores de la empresa”, destaca otros de los párrafos de la presentación.
En ese expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, Cristina Kirchner fue aceptada ayer como querellante.
La denuncia contra Revolución Federal tiene una especial relevancia para el Gobierno porque ven con preocupación el crecimiento de grupos violentos radicalizados. Pero además porque la denuncia la hizo la propia AFI dentro de la causa del atentado contra la expresidenta en base a un diálogo en Twitter registrado unos días antes del ataque.
Cristina Kirchner aseguró no creía que la banda de los copitos hubieran planificado el atentado en su contra. “Nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual”, aseguró.
Hasta ahora tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo entendieron que no hay pruebas para vincular a la agrupación Revolución Federal con el intento de homicidio. Eso fue respaldado por el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens.