La jueza María Rita Acosta ha enviado notificaciones a los ministerios de Seguridad de ambos distritos, así como al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a la Policía de la Ciudad, convocando a sus representantes a una reunión virtual a través de Zoom el próximo 14 de febrero a las 13 horas.
La situación de los presos en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente su futuro, ha evolucionado de ser un tema de debate entre dos administraciones, con reuniones y anuncios de traspasos del Servicio Penitenciario durante el año pasado, a convertirse en un punto álgido de la campaña electoral de 2025, marcado por acusaciones mutuas entre Patricia Bullrich y su homólogo en Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff.
En este contexto, la intervención del legislador Santoro parece fortalecer las demandas de la ciudad. La jueza que dio lugar al recurso de amparo no solo se limitó a convocar a las partes; también solicitó información sobre las gestiones realizadas por ambas administraciones -en realidad, por sus antecesoras- en relación a un hábeas corpus presentado en 2020 que abordaba cuestiones similares.
El juez a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 45 ha solicitado a las partes involucradas, a través de un correo electrónico de carácter urgente, que envíen copias de las actuaciones más recientes y de los informes más actuales enviados por la ‘Mesa de Aproximación de los actores del sistema’. Esta mesa fue establecida con el objetivo de resolver la disputa, tal como se indica en los documentos.
La jueza Acosta convocó a una serie de funcionarios a través de cédulas electrónicas para participar en la reunión por zoom programada para este viernes, además de fiscales y defensores oficiales. Entre los convocados se encuentran el abogado representante del Servicio Penitenciario Federal, Raúl Emanuel Carballo; el director general del Régimen Correccional del SPF; el secretario de Seguridad de la Ciudad (Ezequiel Daglio); el jefe de la División de Enlace con el Poder Judicial y Servicios Penitenciarios de la Policía de la Ciudad, así como el director de Alcaidías de la fuerza porteña.
Los alegatos presentados por Santoro y los abogados de la Fundación Apolo sostienen que “la falta de acción del Estado Nacional, actualmente bajo la dirección de Javier Milei, en garantizar espacios en instituciones federales” ha resultado en una “delegación tácita e inapropiada de responsabilidades entre diversos niveles del gobierno”. Esta situación complica aún más las condiciones en las comisarías. Además, se destacó en el hábeas corpus que el 95% de los 2.300 internos en la Ciudad enfrenta cargos por delitos federales, lo que provoca una sobrepoblación en las comisarías de al menos el 35%.
Y defendió su postura: “Yo estoy para trabajar para los porteños y decirles la verdad: los presos no tienen que estar acá mientras no se transfieran ni los delitos penales, ni el presupuesto ni el Servicio Penitenciario. No están transferidos los delitos penales, cuando alguien roba o hurta los juzga la Justicia nacional, y la ley dice que se los lleva el Servicio Penitenciario Federal”.
“No tenemos dónde poner a los presos. Hasta el 2021 el kirchnerismo cumplía con la ley. María Laura Garrigós de Rébora [ex interventora del SPF, asumida en 2020] dejó de llevarse los presos”, enfatizó Wolff.
Por último, alegó que la crisis de seguridad excede a la Ciudad: “Nosotros sacamos los piquetes, tuvimos la menor cantidad de homicidios en la historia de la Ciudad, sacamos a los manteros… Todo en un contexto en el que el conurbano se está prendiendo fuego”.
El Hábeas Corpus de la Fundación Apolo
La Fundación Apolo había presentado un escrito, con las firmas de su director general, el legislador porteño Yamil Santoro, José Magioncalda, y bajo el patrocinio de Ignacio Falcón. Este pedía que el Poder Ejecutivo Nacional garantice de manera urgente el traslado de los presos a establecimientos federales.
El Juzgado Nro. 43 se expidió, fijando una audiencia para este viernes a las 13 horas. Cita al Director General del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, y al Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.
¡LA FUNDACIÓN APOLO HIZO QUE ESTO SUCEDA!
Gracias a la presentación de un hábeas corpus colectivo, la Justicia notificó a los Ministerios de Seguridad de Nación y CABA, al Servicio Penitenciario Federal y a la Policía de la Ciudad para que participen de una reunión hoy pic.twitter.com/IZ1UAbBrcP
— Fundación Apolo (@FundApolo) February 14, 2025
La jueza María Rita Acosta, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43 resolvió sobre el Hábeas Corpus solicitado por Fundación Apolo. Con las firmas de Yamil Santoro y José Magioncalda, bajo el patrocinio de Ignacio Falcón, Apolo presentó el pasado martes un hábeas corpus colectivo que busca que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.
En el escrito original presentado por Apolo, los peticionantes argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una «delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales», lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. «Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal».