El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem se prepara para librar una batalla decisiva. Será para conformar la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones, que deberá intervenir en el proceso de venta o concesión de las empresas públicas previstas en la Ley Ómnibus, así como de otras que el Poder Ejecutivo tiene en el radar.
Esta negociación se preanuncia compleja: el oficialismo se muestra reacio a seguir haciendo concesiones y no descarta negarle un lugar al espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto, de 31 legisladores. Se suma al acervo de tensiones que hilvana con esta bancada desde hace algunas semanas.
La tirantez explica, en parte, la etapa que inauguró el Congreso después de la aprobación de los proyectos fundacionales de Javier Milei. El vínculo que sostuvieron –a fuerza de trabajosos entendimientos– el oficialismo y los bloques aliados durante los primeros seis meses de Gobierno, se transformó. Los razones varían según la procedencia: mientras que los libertarios manifiestan hartazgo frente a los condicionamientos de la oposición, los dialoguistas le reprochan “falta de palabra” a los referentes legislativos del Gobierno.
Esta rispidez se traslada al reparto de lugares. La Comisión Bicameral de Privatizaciones tiene 12 miembros: seis diputados y seis senadores. La presidencia, en tanto, le corresponde este año a la Cámara alta, donde el diálogo para acordar su integración no tuvo demasiados avances. “No hay novedades. Es una de las que falta integrar, pero que podría estar completa a mediados de agosto”, se sinceraron cerca de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
No pasa lo mismo en Diputados, donde algunos bloques ya pusieron un ojo en esta comisión y hasta enviaron sus candidatos para integrarla. Es el caso de Pro, que nominó al diputado Diego Santilli para ocupar una banca. Hacemos Coalición Federal (HCF) también reclamará uno de esos lugares a pesar de que referentes del oficialismo indicaron que “no está cerrado” un acuerdo con el espacio de Pichetto.
Desde la presidencia de Diputados consideran que por el peso de cada bloque en la Cámara, le corresponden dos lugares a Unión por la Patria (UP), uno a La Libertad Avanza (LLA), uno a Pro, uno a la UCR y el último “está en el marco de la negociación global con HCF, pero no está cerrada”.
Que nadie se confunda: fue la Libertad Avanza quien entregó las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA, como parte de un acuerdo para lograr la aprobación del Senado. Mal podría insistir Diputados con un tema retirado por el propio gobierno.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) June 26, 2024
Los libertarios desconfían de algunos referentes de esta bancada, como Emilio Monzó, al que acusan de “hacer operaciones” en los medios de prensa tras la negativa de Menem incluirlo en la decisiva Comisión Bicameral de Inteligencia. Cerca del extitular de Diputados durante la era Cambiemos se desligan de estas incriminaciones.
“No mandamos ningún nombre aún. Es posible que no cumplan y siga escalando la tensión”, advierten en HFC. Reclaman a Menem que respete el compromiso de tomar el mismo criterio que consideró para integrar la Bicameral de Trámite Legislativo, de 16 miembros y con la potestad de rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Allí, HCF está representado por el diputado Nicolás Massot, quien condicionó al Gobierno en pleno recinto para dar marcha atrás con la eliminación del monotributo social. Tras el medio rechazo del DNU 70/2023 por el Senado, los libertarios no se sienten cómodos con que Massot ocupe una silla en esa comisión.
Una lógica similar impera sobre la composición de la comisión de Reforma del Estado y Privatizaciones, que controlará uno de los procesos más relevantes para el Ejecutivo y para el que se sumó a la administración libertaria el flamante ministro Federico Sturzenegger. El extitular del Banco Central (BCRA) de Mauricio Macri actuará en tándem con el abogado Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete, y un hombre cercano al poderoso asesor Santiago Caputo.
Entre otras cosas, esta comisión supervisará la transparencia del proceso de venta o concesión de las empresas públicas y trabajará en colaboración permanente tanto con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), como con la Auditoría General de la Nación (AGN). Por eso, el Gobierno apuesta ubicar allí a personas afines para evitar cualquier complicación.